OAXACA. El gobierno del Estado blindará con cuatro mil policías estatales el inicio del ciclo escolar el próximo 22 de agosto para evitar conflictos en las escuelas que sí reanudarán las actividades escolares.
El secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, apeló a la mesura y civilidad de integrantes del magisterio oaxaqueño para que eviten caer en confrontación con padres de familia que no están de acuerdo que se retrase el ciclo escolar.
Para evitar cualquier eventualidad, el lunes se desplegará un operativo policíaco por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para vigilar el regreso a clases, el cual asegura el gobierno del Estado se dará sin contratiempo alguno.
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Pese a la determinación de la Sección 22 de la CNTE de continuar el paro educativo a nivel nacional, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca reportó todo listo para el retorno a las aulas.
Por ello, en la víspera del regreso a clases se busca todas las medidas para que los maestros que sí van a iniciar a tiempo lo hagan en condiciones seguras.
De acuerdo con Carlos Santiago hay irritación entre los padres de familia que ya no quieren que sus hijos se vean afectados por la suspensión de clases.
Aseguró que dicho operativo no se trata de «obligar» a los maestros a regresar a las clases, sino evitar confrontación con padres de familia y tampoco que haya intento de cerrar las escuelas.
Mientras reiteró su llamado a los padres de familia a velar el derecho a la educación de sus hijos y a los maestros a reconsiderar su postura, a fin de que no sigan causando daños a los niños, porque es a ellos a quienes se afecta verdaderamente.
El titular de la Segego indicó que no se va solicitar más apoyo de Policía Federal para la vigilancia del regreso a clases.
Del mismo modo, confío que antes de la celebración de las fiestas patrias en septiembre, el diálogo entre la CNTE y Segob lleguen a buen término que permita el retiro del plantón que se mantiene en el Zócalo de la ciudad capital.
Descartó que se vaya a intervenir con la fuerza pública para retirar a las casas de campaña y lonas que prácticamente lucen vacías, así como a la mayoría de comerciantes ambulantes que son los que ocupan los espacios punitivos al amparo de la Sección 22.