Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 en Iguala pidieron que Felipe Flores, ex secretario de Seguridad del municipio y arrestado este viernes por fuerzas de seguridad del país, no sea «un detenido más», sino un paso «para llegar a la verdad».
El portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo a Efe que para ellos la noticia es «bien importante», ya que Flores es uno de los personajes «que hacen falta para ir completando el rompecabezas» de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.
«Ojalá no sea un detenido más como los ciento y tantos que están en la cárcel, pero ninguno de ellos por la desaparición forzada», afirmó.
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Flores es considerado uno de los autores intelectuales de lo ocurrido a los jóvenes, junto con el entonces alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos en prisión desde noviembre de 2014.
Por este caso hay 130 personas sujetas a proceso, casi todos detenidos, entre autoridades y policías municipales, así como jefes y operadores del crimen organizado.
Los padres esperan que, a través del detenido, se pueda llegar a saber quién le dio las «órdenes directas» que llevaron a la represión de los estudiantes esa noche.
«Que diga definitivamente quién fue el que organizó todo este daño a los 43 padres de familia, a las familias, y creo que con eso bastaría», aseveró el portavoz.
Añadió que los padres se enteraron de la noticia de la captura del exjefe policial por los medios de comunicación y que permanecen a la espera de la información oficial.
De la Cruz se encuentra, junto con un grupo de padres de los 43 jóvenes, en Estados Unidos, donde permanecerán hasta principios del próximo mes participando en una caravana que recorrerá varias ciudades de ese país.
Dicha caravana se está desarrollando en tres rutas diferentes para que el «movimiento siga visibilizándose en el mundo», porque todavía no tienen «una respuesta».
Según la versión oficial, puesta en duda por familiares y expertos que investigaron el caso, la noche de los hechos los estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en un vertedero y arrojaron sus restos a un río.
