La Fiscalía Anticorrupción de Sonora reveló una red de fraude al interior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde participaban docentes y directivos de la dependencia, entre ellos un supuesto familiar de Guillermo Padrés Elías.
Odracir Espinoza Valdez, titular de la institución explicó que en días pasados se giraron órdenes de aprehensión contra cinco personas por los delitos de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos.
A dos de los acusados, Ramón Alberto Valencia López y Mario Valenzuela Guerrero, se les detuvo y se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, los tres restantes, Juan Pablo Gastélum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y Agustín Antonio Padrés, se encuentran prófugos de la justicia.
“Son cinco los involucrados en esta red, a dos se les detuvo y dictó auto de formal prisión, en este momento están bajo proceso. Pero los otros tres se encuentran prófugos de la libertad”, expuso.
Espinoza Valdez agregó dicha red operó de noviembre de del 2012 a febrero del 2013 y se tiene hasta el momento el conocimiento de 18 víctimas, a quienes se les cobraba dinero para otorgarles una plaza dentro de la dependencia.
Modus operandi de la red
El fiscal Anticorrupción detalló que Agustín Padrés, quien laboraba como subdirector de la dirección de Vinculación y Participación Social de la SEC, se decía familiar del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías para llevar a cabo trámites fraudulentos.
“Agustín Padrés le comenta a Ramón Alberto Valencia que tiene la facilidad para gestionar plazas para docentes y prefectos al interior de la SEC, ya que sustentaba, según dichos de las víctimas, ser familiar del gobernador, por lo que le propone que le consiga más personas para esas plazas”, manifestó.
Odracir Espinoza agregó que estas dos personas, en confabulación con las otras tres, reclutaban a docentes y prefectos para venderles plazas al interior de la institución a cambio de dinero para supuestos trámites, con un costo de 60 mil a 100 mil pesos.
Penas que podrían alcanzar los miembros
Las penas que podrían alcanzar los miembros de la red son de 3 meses a 8 años de prisión y una multa de 90 a 250 días por el delito de fraude. Al afectar de a tres o más personas se califica como grave, por lo que no alcanzan derecho a fianza.
Checa la nota completa en La Silla Rota.
