Tras las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco en 2012, la Contraloría del Estado actualiza que suman 377 servidores públicos inhabilitados. Con base en su registro estatal, la lista es encabezada por la polémica exregidora tapatía Elisa Ayón, a quien el Congreso le prohibió laborar en cualquier entidad pública por un periodo de 10 años.
En ese sentido, ocultar la declaración patrimonial, anomalías en auditorías internas, desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales y falsificación de éstos, destacan entre las principales anomalías de burócratas sancionados.
El registro estatal incluye a todos los burócratas sancionados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus organismos, secretarías, dependencias y los ayuntamientos. Mientras en 2013, 2014 y 2015 figuraban en las inhabilitaciones trabajadores de la Fiscalía General, en el presente año sobresalen empleados de la Secretaría de Movilidad. De un total de 86 sancionados en lo que va de 2016, 15 son de esta dependencia, seguida por las secretarías de Salud e Infraestructura y Obra Pública, con siete inhabilitados cada una, y el DIF Jalisco, con seis sancionados.
En el padrón continúan la Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Jalisciense de la Vivienda, Despacho del Gobernador, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Medio Ambiente, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Code, Ciencias Forenses e Instituto de Pensiones, entre otras. También están los ayuntamientos de Zapopan y Tlajomulco.
Lo anterior significa que el Congreso de Jalisco, el Poder Judicial y 123 ayuntamientos incumplen con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al no reportar a la Contraloría la información de los funcionarios sancionados.
La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la ley en mención. Impide a los que cometieron anomalías ejercer cualquier empleo o cargo dentro del servicio público federal, estatal o municipal durante no menos de tres meses ni más de seis años. Sin embargo, el caso de Elisa Ayón fue especial: en marzo de 2014, con 24 votos a favor de todas las fracciones parlamentarias, el pleno del Congreso de Jalisco avaló el dictamen de la Comisión de Responsabilidades, que determinó que existían elementos para destituir a la priista de su cargo como regidora de Guadalajara y la inhabilitó para ocupar cargos públicos por una década. Para eso se erigió en jurado de sentencia y determinó que era responsable de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Fiscalía nunca emitió una orden de aprehensión.
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