Porque el Ejército está capacitado para realizar otro tipo de tareas, no la vigilancia en la ciudad, su presencia en las calles violenta los Derechos Humanos de las personas, por el tipo de reacción de las fuerzas castrenses ante situaciones como violencia familiar o asaltos.
Por ello, el abogado y activista Marco Vargas, a nombre de un grupo de ciudadanos, promovió un amparo para retirar a los militares de las tareas de vigilancia.
“Nosotros promovimos un amparo en contra de la ley, en contra de la militarizacion. No estamos en contra de que el Ejército esté en las calles hoy en día, sabemos de antemano que la fuerza de fuego, tanto municipal como estatal, está sobrepasada por el crimen organizado y es indispensable la presencia del Ejército, por la capacitación que tienen los elementos castrenses”, señaló Vargas.
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En lo que están en contra es que se mande a los militares a atender delitos del fuero comun la violencia familiar o asalto a las tiendas.
“Ese tipo de situaciones, creo que el militar no está capacitado para eso, tiene otro tipo de capacitación un poquito más estricta y más fuerte”, señaló Vargas, “y al tener ese tipo de situaciones lo único que el militar va a lograr, lejos de hacer un buen trabajo, va a estar violentando los Derechos Humanos de las personas”.
Incluso, agregó el abogado, violentaría los derechos de los imputados.
“Y eso les daría un beneficio para que los delitos no se concreten en sanciones. Básicamente, como abogados es la preocupacion que tenemos”, añadió.
Vargas informó que el gobierno actual quitó un programa denminado FORTASEG, que brindaba apoyos para todas las corporaciones municipales y estatales.,
“Eran apoyos económicos para capacitaciones, armamento, unidades. Obviamente se entiende que estás reduciendo la capacidad de reacción o de capacitación de todas estas corporaciones y es algo que no se debe hacer”.
Indicó que el Artículo primero de la Constitución marca que deben ser las fuerzas civiles o policias civiles las que atiendan todo este tipo de cuestiones.
“Pero este amparo es lo que estamos alegando, principalmente el respeto a los Derechos Humanos que tenemos en nuestra Constitución; aparte, México está en un sinfín de tratados internacionales sobre los Derechos Humanos y entraríamos en una contradicción muy grande al estar permitiendo eso”.
Actúan, dijo Vargas, como ciudadanos preocupados al ver la opacidad y la pasividad de todos los partidos políticos.
A nivel nacional ya se promovieron 43 amparos sobre la misma situación y Nuevo León también se suma.
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Vargas invitó a todos los colectivos que deseen adherirse y sumar como ciudadanos.
“Estamos completamente abiertos, son amparos que no tienen ningún costo, no lo estamos haciendo con ninguna situación económica, simplemente porque tenemos un derecho como ciudadanos y como abogados tenemos también la obligación moral y profesional de salvaguardar que la ley se cumpla de manera íntegra”, expresó Vargas.
