Samuel García se anotó un triunfo político al obtener una suspensión de amparo definitiva la cual frena el juicio político que fue promovido en su contra por los grupos legislativos del PRI y del PAN en el Congreso del Estado.
También pone un alto a las reformas constitucionales aprobadas por los diputados.
“Mientras no se emita una sentencia definitiva de amparo, el recinto Legislativo no puede remover del cargo al gobernador de Nuevo León. Tampoco aplicarle las reformas constitucionales contenidas en el Decreto 340″, se lee en un documento.
Este (el Decreto 340) es analizado por un juzgador federal, pues este pretende invadir facultades del Poder Ejecutivo, intervenir en áreas del gobierno y debilitar las atribuciones del gobernador.
“Ente las facultades que busca quitar el Congreso local al mandatario estatal son: el derecho a vetar en el proceso de selección del Fiscal de Justicia de Nuevo León”.
También quitar al Poder Ejecutivo la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes.
“Además quitar la atribución de reglamentar leyes; establecer la moción de censura a la totalidad del gabinete por parte del Poder Legislativo”.
El Poder Legislativo busca la ratificación del Congreso de funcionarios de Hacienda, UIF y SAT, la ratificación del secretario general de Gobierno y obligar al Ejecutivo a presentar la Ley de Ingresos y de presentar el Presupuesto de Egresos.
Otras facultades que pretenden eliminar de su función son fincar hechos de corrupción, faltas graves y juicios de procedencia sobre miembros del gabinete y otros funcionarios.
Y fincar juicios políticos de facto y hacer autónomo el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras reformas.
En la suspensión de amparo 407/2023 se advierte que el cambio de reglas contenidas en el Decreto 340 aludido, es probablemente contrario al Artículo 14 Constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
El Artículo 14 de la Constitución Federal, señala:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
En caso de la entrada en vigor de fichas reformas del Decreto 340, la limitación y restricción en tales designaciones, funciones y atribuciones, no aplicarían para la actual administración encabezada por García, sino al próximo gobernador de Nuevo León.
