El Congreso del Estado de Nuevo León pretende seguir sacando leyes y reformas violando nuestra Constitución. De acuerdo al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, el Decreto 340, es un irrespetuoso e ilegal intento de asalto a las facultades del Poder Ejecutivo, los congresistas de la oposición pretenden que las leyes y reformas ellos las puedan publicar sin intervención del Gobernador. Lo que es muy grave y peligroso para el estado de derecho.
Tal es el caso del Decreto 341, mediante el cual el Congreso pretende arrebatarle al poder ejecutivo al Instituto de Defensoría Pública (IDP), como lo han hecho con muchas otras instituciones neoleonesas.
Navarro Velasco señaló que el Instituto de Defensoría Pública es una noble institución que, desde su creación en 2009, tiene por objeto brindar defensa jurídica gratuita y de calidad a los neoleoneses. No puede el Instituto estar en manos del poder judicial, pues sería dejarlos ser juez y parte.
El poder judicial podría darle instrucciones indebidas a los defensores públicos en perjuicio de los que defienden.
Señaló que esta penosa acción del Congreso del Estado compromete seriamente la totalidad de litigios y procesos en los que miles de neoleoneses están siendo defendidos por la Defensoría Pública con una separación sana entre poderes.
Es falso que la queja 212/2023 interpuesta por el Congreso del Estado en contra de la suspensión provisional otorgada al ex-titular del IDP, Lic. Reynaldo Cantú Shay, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, haya señalado que no es procedente porque el decreto 341 está vigente.
De esta manera destacó que queda claro que la designación de funcionarios, como la del Director General del IDP, es facultad exclusiva del Gobernador y de la junta de gobierno del propio instituto compuesto por funcionarios del ejecutivo y del congreso. Por eso el director Héctor Viniegra es el que tiene la facultad de administrar al IDP.
“No dejemos que el poder judicial se adueñe ilegalmente de la facultad de defender a los ciudadanos, pues ellos ponen las sanciones y el instituto defiende a las personas contra esas sanciones” subrayó.
