Más de 7 mil personas, entre ellas empleados del Congreso de Nuevo León, de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se quedaron con las ganas de cobrar su sueldo porque, de acuerdo a una denuncia, se acusa al Gobierno estatal de detener el depósito de nómina.
Varias instituciones difundieron un comunicado en el que se señala que por orden del gobernador Samuel García se detuvieron los depósitos.
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“Las instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que en un acto sin precedentes, el Gobierno del estado de Nuevo León, por instrucciones del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, detuvo el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de la nómina correspondiente a la primera quincena de noviembre del presente año, afectando con esta decisión, a más de 7 mil empleados”, explica el comunicado.
Posteriormente enumera a las instituciones afectadas:
Congreso del estado de Nuevo León.
Poder Judicial del estado de Nuevo León.
Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León.
Auditoría Superior del estado de Nuevo León.
Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León.
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El boletín destaca que las instituciones lamentan profundamente que con esta decisión de revancha política, se vean afectadas miles de familias de padres y madres servidoras públicas.
“Que como toda persona trabajadora, dependen de su salario para llevar el sustento a sus hogares y sacar adelante a sus hijos”.
Las instituciones exigen al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, y del secretario general de Gobierno, que cumpla con carácter de urgente con el depósito para cubrir el pago de las personas que diariamente trabajan por el bien de Nuevo León.
Los firmantes son Mauro Guerra, presidente del Congreso; el Magistrado Alberto Ortega Peza, encargado de Despacho de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
También Pedro José Arce Jardón; encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León; Jorge Galván González, auditor general del estado de Nuevo León; María Teresa Treviño Fernández, consejera presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales y Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gobierno procesa carga adicional
El Gobierno del estado desarrolló el miércoles el proceso de pago ordinario de la nómina de las dependencias de la administración central y realiza las transferencias a organismos autónomos, paraestatales y poderes para el pago a su personal.
Además, afirma que hoy debe cubrir otros pagos extraordinarios que han generado una carga adicional de trámites y procesos.
La primera quincena de noviembre es atípica debido a que el Gobierno del estado opera procesos administrativos y tecnológicos necesarios para el pago de nóminas adicionales a las normales, ya que debe cubrir el Bono del Servidor Público a afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado (Suspe), y el pago retroactivo para personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación, entre otros.
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El Gobierno del estado transfiere cada quincena casi mil millones de pesos para el pago de las nóminas de las dependencias, organismos autónomos, paraestatales y poderes, pero en la primera quincena de noviembre debe transferir mil 486 millones de pesos, casi 50% más.