La diputada Marisol González del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano y la secretaria de Economía del Estado, Betsabé Rocha, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Nuevo León.
La propuesta busca dar sustento legal al programa Hecho en Nuevo León, institucionalizando un Distintivo de Producción Local que reconozca oficialmente a productos y servicios originados en el Estado, elaborados por MiPymes que cumplan con criterios de calidad, sostenibilidad y arraigo productivo.
‘Sabemos que Nuevo León es una cuna del emprendimiento, también de los negocios muy pujante en nuestro estado, y pues se requiere que también no se quiten este tipo de programas en el futuro, sino por el contrario, que también se les asigne presupuesto, que también se les fortalezca, y bueno, que también se reconozca el trabajo de la producción local que se hace aquí en Nuevo León”, dijo González.
Este distintivo permitirá que los productos de manufactura local accedan a ferias, financiamiento, capacitación y canales de promoción en condiciones preferentes, fortaleciendo el consumo interno, la economía regional y la resiliencia ante factores externos como crisis geopolíticas o comerciales.
“Nada más en el Estado hay 190 mil empresas, y de esas, los que compartían 99% son micro, pequeños y medianas, los que están contempladas en esta ley, en esta ley de micro, mediana y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, es precisamente eso lo que aplica para Hecho Nuevo León”, añadió Rocha.
¿Qué se va a reformar?
La iniciativa reforma artículos clave para ampliar su alcance e integrar mecanismos de reconocimiento con criterios claros y garantías de transparencia.
Se adicionan el artículo 3, la fracción XXII para incluir el concepto de “Distintivo de Producción Local” y el artículo 4 se adiciona una fracción XVI para incorporar como objeto de la ley la promoción del consumo interno mediante el reconocimiento a productos de economía regional en el Estado.
Además, establece una nueva figura jurídica que permitirá que los programas actuales no dependan de decisiones administrativas momentáneas, sino que se consoliden como política pública de largo plazo.