Tras una lucha legal y social de más de 25 años, aproximadamente 400 ejidatarios de Hidalgo, Nuevo León, exigen a autoridades estatales, municipales y federales se les indemnice por el uso ilegal de sus predios.
Los afectados reclaman el despojo de 8 mil 390 hectáreas otorgadas bajo decreto presidencial como el Ejido Potrero Chico, el cual durante casi tres décadas ha sido fraccionado en colonias y predios urbanos por diversos alcaldes y gobiernos estatales.
El representante legal de los afectados, Francisco López Salinas, informó que se dictaron diversas sentencias por parte del Tribunal Agrario, reconociendo la existencia jurídica del ejido y en el cual se obliga a las autoridades a detener la venta de nuevos lotes, además de pagar una indemnización por las áreas urbanizadas.
“Existe una mafia de bienes raíces que se ha dedicado a vender terrenos para casas y negocios, a sabiendas de que no tienen derecho sobre las propiedades, consiguiendo que les brinden los servicios de agua y energía eléctrica para predios no urbanizables”, explicó.
López Salinas indicó que la actual alcaldesa petista de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, pese a existir sentencias en su contra y órdenes de no entregar más planos para la edificación de nuevas viviendas, continúa haciéndolo.
La edil cae en desacato a órdenes judiciales.
Solicitan intervención
Con base a los fallos del Tribunal Agrario que reconoce los derechos de los ejidatarios se solicitó la intervención del Congreso para que interceda ante el Gobierno del Estado y las diversas secretarías estatales y federales, para que se ratifique el derecho de los reclamantes a su indemnización.
Según estimaciones a valor del mercado de bienes raíces, el monto de indemnización por las más de 8 mil 300 hectáreas del ejido, asciende a más de 100 mil millones de pesos.
López Salinas dijo que el senador por Nuevo León, Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, se comprometió a gestionar con el Gobierno Federal una solución al problema legal y social que representa el uso ilegal de las hectáreas que comprende el Ejido.
“Hay más de 30 mil familias que viven en la incertidumbre patrimonial, al carecer de la certeza jurídica de si el terreno en que tienen su vivienda o negocio les pertenece o no”, dijo López Salinas.