Líderes sociales, empresariales y activistas, junto con autoridades de Regio Poder, presentaron la iniciativa Ley Ojo Regio, una propuesta integral que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno Estatal y sus dependencias.
La iniciativa fue dada a conocer por Fernando Canales Stelzer y Juan Carlos Pérez Góngora, acompañados de activistas como Sandrine Mollinard, quienes coincidieron en señalar que el proyecto contempla 185 artículos de vanguardia en materia de acceso a la información y vigilancia ciudadana.
La ley propone la creación de consejos ciudadanos en dependencias como Agua y Drenaje (AyD) y otras instancias gubernamentales, con el objetivo de que las decisiones públicas sean claras, justificadas y transparentes.
Entre los puntos centrales de la propuesta se establece que las dependencias deberán rendir cuentas de manera trimestral y responder de forma fundada a quejas o solicitudes ciudadanas.
En caso de incumplimiento, la Ley Ojo Regio contempla sanciones económicas que van de los 15 mil a los 150 mil pesos para funcionarios responsables de omisiones o negativas injustificadas.
Los promoventes señalaron que esta ley debió entrar en operación desde junio.
Sin embargo, denunciaron que no se encuentra vigente ni actualizada, lo que ha limitado su impacto.
Una ley con “dientes”
Pérez Góngora detalló que, de aprobarse y aplicarse correctamente, la iniciativa “tendría dientes”, al obligar a mandatarios, legisladores y autoridades a presentar informes claros sobre sus acciones y decisiones cotidianas.
Plantearon la necesidad de homologar la Ley Ojo Regio con la legislación federal, para establecer requerimientos institucionalizados bajo un marco legal obligatorio.
Ante una eventual desaparición de organismos como el Info NL, indicó Canales Stelzer, debería llevarse a cabo una reconducción del personal para no perder capacidades técnicas y garantizar la continuidad de la transparencia ciudadana, además de generar sinergias con la Plataforma Nacional de Transparencia, integrando a entes de gobierno y de la iniciativa privada.
Pérez Góngora afirmó que no debe existir información reservada salvo aquella relacionada con la seguridad, y recalcó que los costos de inversiones públicas no deben ocultarse.
Añadió que, si por razones contractuales cierta información no puede difundirse, las autoridades están obligadas a explicar claramente el motivo.
Con la presentación de la Ley Ojo Regio, sus impulsores buscan sentar las bases de un nuevo modelo de gobierno abierto, con mayor vigilancia ciudadana y sanciones efectivas para quienes incumplan con la transparencia que demanda la sociedad.