Si el lunes fue el Gobierno de Apodaca el que aclaró los hechos tras la detención del colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios ahora la Guardia Nacional aclara algunos puntos sobre la situación del catedrático de la Universidad Iberoamericana en Puebla.
A través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de la Guardia Nacional hace del conocimiento de la opinión pública algunos aspectos que considera relevantes.
“La detención de una persona de nacionalidad colombiana el pasado 31 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Norte en Apodaca, Nuevo León, se realizó en atención a una solicitud de apoyo de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes informaron que esta persona se encontraba en actitud agresiva alterando el orden público y negándose a acatar las indicaciones de las autoridades”, señaló el comunicado.
Ante estas circunstancias, agregó, agentes de la Guardia Nacional, con fundamento en el artículo 9, Fracción I y IV de la Ley de la Guardia Nacional, procedieron a su detención y puesta a disposición ante el Juez Cívico en el Centro de Justicia de Apodaca, Nuevo León.
“Donde se le practicó una evaluación por el médico legista en turno de Seguridad Pública y Vialidad municipal, donde quedó constancia del estado físico en el acto de puesta a disposición, sin que se haya detectado ningún tipo de fractura corporal como se ha señalado públicamente; esta persona fue puesta en libertad el 2 de enero de 2026 al cumplir 36 horas de arresto por falta administrativa”.
Detalló que el 16 de enero de 2026, fecha en que esta persona, que se encontraba reportada como desaparecida, fue localizada por autoridades estatales.
“El médico legista del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, le aplicó examen médico sin que se registraran fracturas en ninguna parte del cuerpo.
“La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y están atentas a los requerimientos por parte de las autoridades civiles para la determinación de los hechos”, indicó.