Una disputa familiar por el control de la empresa Garage y Talleres dejó de ser un pleito privado y terminó escalando hasta los niveles más altos del poder político y judicial en Nuevo León. De acuerdo con una investigación publicada por El Norte, el conflicto involucra directamente al fiscal general del estado, Javier Flores, al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y al hermano de este último, Filiberto de la Garza.
El origen del caso está en la lucha por el control accionario de Garage y Talleres, una compañía del sector automotriz que quedó en manos de dos hermanos, Roberto y Arturo Cortez Garza, tras la muerte de su padre. Según la información difundida, Arturo mantiene el 50% de la empresa, mientras que Roberto —quien después falleció— conservaba la otra mitad, lo que detonó una cadena de disputas legales, familiares y corporativas.
Tras la muerte de Roberto, su viuda, Daniela Treviño, asumió la representación de su parte accionaria. Es en ese momento cuando, según la nota de El Norte, el conflicto toma un giro político: Treviño estaría vinculada sentimentalmente con Filiberto de la Garza, hermano del alcalde de Monterrey, lo que abrió la puerta a una red de relaciones que, presuntamente, fue usada para influir en procesos judiciales y administrativos.
Uno de los episodios clave ocurrió en 2024, cuando Arturo Cortez presentó una denuncia por despojo contra Daniela Treviño. A pesar de que se trataba de un conflicto entre particulares, el caso escaló rápidamente hasta llegar a instancias de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Javier Flores. Según la investigación de El Norte, Arturo sostiene que la actuación de la Fiscalía habría estado influenciada por los vínculos políticos y personales de su contraparte.
En enero de 2025, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Cortez, lo que intensificó aún más el conflicto. Arturo ha señalado públicamente que esa acción responde más a presiones políticas que a elementos jurídicos sólidos, dado el entramado de relaciones entre los involucrados.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aparece en la historia no solo por el parentesco con Filiberto, sino porque, según el reportaje, diversas decisiones administrativas y omisiones habrían favorecido indirectamente a una de las partes en disputa. Aunque no se ha presentado una acusación penal directa contra el edil, su nombre quedó ligado al caso por la cercanía familiar y por la influencia que su entorno podría tener en distintas dependencias.
Por su parte, el fiscal Javier Flores también fue señalado por presunto tráfico de influencias, al encabezar una institución que, según los afectados, habría actuado de manera parcial en un conflicto que debería haberse resuelto exclusivamente en el ámbito civil y mercantil.
El caso de Garage y Talleres expone cómo una disputa corporativa puede transformarse en un problema político de alto perfil cuando se cruzan intereses económicos, relaciones personales y el poder público. A partir de la publicación de El Norte, el tema se instaló en la conversación pública de Nuevo León como un ejemplo de cómo los conflictos privados pueden terminar arrastrando a figuras clave del estado.
Hasta ahora, ninguno de los funcionarios señalados ha enfrentado cargos formales derivados de esta investigación periodística, pero el caso sigue abierto y bajo la lupa tanto de la opinión pública como de los propios involucrados.