Como un “tema añejo” en los juzgados mercantiles y penales, calificó el fiscal Javier Flores la disputa por Garage y Talleres en la que se le involucró.
Flores destacó que el asunto tiene más de tres años.
“Lo único que tengo que decir es que actué como abogado particular y desde el momento en que acepté el cargo (de fiscal) me revoqué”.
El fiscal descartó que se trate de un asunto político.
“Hay mucho que hacer en la Fiscalía como para perder el tiempo”, indicó. “Desafortunadamente escogen los medios para tratar estos asuntos cuando son tribunales, tanto del orden local como federal los que están conociendo los mismos”.
¿Qué sucedió?
Una disputa familiar por el control de la empresa Garage y Talleres dejó de ser un pleito privado y terminó escalando hasta los niveles más altos del poder político y judicial en Nuevo León.
El conflicto involucra directamente al fiscal general del Estado, Javier Flores, al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y al hermano de este, Filiberto de la Garza.
El origen del caso está en la lucha por el control accionario de Garage y Talleres, una compañía del sector automotriz que quedó en manos de dos hermanos, Roberto y Arturo Cortez Garza, tras la muerte de su padre.
Arturo mantiene el 50% de la empresa, mientras que Roberto, quien después falleció, conservaba la otra mitad, lo que detonó una cadena de disputas legales, familiares y corporativas.
Tras la muerte de Roberto, su viuda, Daniela Treviño, asumió la representación de su parte accionaria.
Es en ese momento cuando el conflicto toma un giro político: Treviño estaría vinculada sentimentalmente con Filiberto de la Garza, hermano del alcalde de Monterrey, lo que abrió la puerta a una red de relaciones que, presuntamente, fue usada para influir en procesos judiciales y administrativos.