Tras la detención de Karina Barrón, funcionaria municipal del gobierno de Monterrey, el senador Waldo Fernández confirmó que esta se realizó por una denuncia formal presentada por él en contra de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.
“Su detención junto con otras personas tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León”, explicó.
Aunque por el momento no se han revelado los detalles específicos de la investigación, el senador adelantó que la detención de Barrón no sería la única, sugiriendo que “junto con otras personas” podrían enfrentarse a un proceso judicial.
Esta afirmación abre la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas o días, lo que mantendría en alerta a los círculos políticos y sociales de la entidad.
“Lamentablemente no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”, señaló el morenista.
El senador también expresó en sus redes sociales que Barrón está vinculada a la denuncia que presentó por un montaje ante la Fiscalía de NL.
“Mañana (el lunes), tras la audiencia de imputación, informaré causas y pruebas. He solicitado que sea pública”.
Fernández indicó que solicitó, a través de su abogado, que la autoridad federal considere que la audiencia de imputación sea pública.
Esto para que la sociedad pueda conocer directamente los elementos que sustentan la acusación.
La detención de Barrón, quien tiene una destacada trayectoria política incluyendo cargos como diputada federal y local, representa un nuevo revuelo en el panorama político neoleonés.
Gobierno municipal se deslinda
El Gobierno de Monterrey se deslindó de los hechos.
“Sin tener los detalles del motivo de la detención, se indica que es ajeno a la administración pública.
“Confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto irrestricto de los derechos humanos, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y la transparencia en la procuración de justicia”, indicó la administración municipal en un comunicado.
