Un entramado de corrupción, tráfico de influencias y manipulación judicial ha quedado expuesto tras la filtración de la declaración ministerial de Ivon Alejandra Alvarado Martínez ante la Fiscalía General de la República (FGR). Alvarado, quien fuera asistente personal de Karina “N” (recientemente vinculada a proceso por extorsión y falsedad de declaraciones) y su suplente de fórmula al Senado, detalló cómo se orquestó una denuncia falsa por violación contra el actual senador Waldo Fernández.
Instrucciones desde la cúpula del poder
Según el testimonio contenido en el expediente federal, el montaje no fue un esfuerzo aislado, sino una operación dirigida por los máximos referentes del PRIAN en el estado. Alvarado señaló que Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos mantienen un control operativo sobre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el cual utilizaron para ordenar a Pedro Arce Jardón, entonces encargado del despacho, que facilitara el proceso legal de la denuncia fabricada.
La finalidad de este ataque jurídico-mediático era política: se buscaba destruir la imagen de Waldo Fernández en plena contienda electoral para que Francisco Cienfuegos pudiera obtener un espacio en el Senado de la República.
“Un millón de pesos por mentir”
El relato describe que Karina “N” utilizó a Alvarado para contactar a Deborah Berenice Rodríguez Velazco, una amiga de años que atravesaba dificultades económicas. A Deborah se le habría ofrecido el pago de un millón de pesos, entregado en parcialidades, a cambio de hacerse pasar por víctima de violación.
Para convencer a la mujer, Karina “N” le aseguró que no corría ningún riesgo, pues el sistema estaba “blindado”. “Me dijo que ella ya tenía arreglado todo con la Fiscalía del Estado... pues siempre ha presumido que su amigo Francisco Cienfuegos tenía controlada la institución y que con su apoyo y el de Pedro Arce Jardón podía hacer movimientos”, relató Alvarado ante la FGR.
El montaje en la Fiscalía: “Efecto mediático”
El 18 de mayo de 2024, la denuncia se concretó de manera virtual con el apoyo del abogado Gustavo García Rojas. El testimonio revela que, por órdenes directas de Karina “N”, se le indicó a la falsa víctima no presentar identificación alguna y alegar cualquier excusa para “proteger su identidad”.
A pesar de que la ley exige protocolos estrictos, el Ministerio Público local habría permitido estas anomalías debido a que el tema ya estaba “apalabrado” con los altos mandos. En una llamada de WhatsApp posterior, Karina “N” presumió que el trámite había sido un “éxito” y que, aunque la Fiscalía no entregó constancia formal, ella ya contaba con los datos proporcionados por los abogados y su amigo Pedro Arce para iniciar la difusión masiva en medios de comunicación.
El miedo al control institucional
La declaración subraya el profundo tráfico de influencias de los funcionarios del municipio de Monterrey y del PRI. Ivon Alejandra Alvarado confesó haber acudido a la Fiscalía de Tamaulipas para denunciar amenazas de Karina “N”, ante el temor de que en Nuevo León no hubiera justicia por el “contubernio” entre los priistas y los mandos de la FGJNL.
“No interpuse la denuncia en Monterrey por temor a represalias o que las cosas tomaran otro rumbo... Karina siempre ha presumido estar por encima de la ley por su amistad con Francisco Cienfuegos y Pedro Arce”, sentenció la testigo.
Un sistema al servicio de un grupo
Este caso evidencia cómo el aparato de justicia del estado habría sido puesto al servicio de los intereses personales y políticos de Adrián de la Garza y Paco Cienfuegos. Lo que comenzó como una denuncia ciudadana ha escalado a un escándalo federal que pone bajo la lupa el uso de recursos públicos y la fabricación de delitos como herramientas de campaña electoral en Nuevo León.
Hasta el momento, las autoridades federales continúan integrando la investigación, mientras la sociedad civil exige el deslinde de responsabilidades de los funcionarios municipales y estatales mencionados en este presunto montaje criminal.