El Poder Judicial del Estado de Nuevo León enfrenta un rezago histórico en la impartición de justicia, al reportar un total de 105 mil 906 asuntos en trámite, aunque fuentes internas advierten que la cifra real supera los 150 mil expedientes pendientes de resolución.
La falta de jueces y el estancamiento presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2026 son los principales factores que mantienen paralizado el sistema, reveló la magistrada presidenta, Laura Perla Córdova.
“Actualmente tenemos un total de 105 mil 906 asuntos en trámite. No tenemos la cantidad de jueces que se necesitan para poder abarcar todos estos expedientes y casos en Nuevo León”, declaró Córdova.
Atribuyó el problema a un déficit estructural que se ha agravado por la falta de recursos económicos.
Déficit de jueces: un lastre de años
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León ocupa el lugar 30 de 32 entidades federativas en cuanto al número de juzgadores por habitante.
Mientras la media nacional es de 3.9 jueces por cada 100 mil habitantes, la entidad apenas alcanza los 2.5.
La magistrada presidenta explicó que, para alcanzar el estándar mínimo, el Estado requeriría entre 76 y 80 jueces adicionales.
“El Poder Judicial tiene funcionarios de muy amplia trayectoria que han hecho carrera dentro de la institución, pero el proceso para convertirse en juez implica filtros estrictos, además de una evaluación exhaustiva. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana”, señaló.
El escenario se complica debido a que el Presupuesto para 2026 se encuentra detenido en el Congreso local por falta de acuerdos políticos.
El Poder Judicial había solicitado un incremento del 37% en su presupuesto para el año en curso, para mejorar la atención y reducir el rezago, pero la falta de aprobación ha derivado en una reconducción presupuestal que limita su operación.
“Si bien el Poder Judicial desde hace décadas se ha visto necesitado de presupuesto que el Poder Legislativo no les ha aprobado, el Poder Judicial busca contar con la suficiente solvencia económica en jueces y magistrados que trabajan los casos; sin embargo, se sigue con gran déficit para avanzar y dejar de lado todo ese rezago que ha existido por años”, dijo Córdova.
La situación ha sido calificada por integrantes del Congreso local como “ilegal”, al mantener sin recursos a uno de los poderes del Estado, lo que ha generado incertidumbre financiera y administrativa en el sistema de justicia.
Reforma judicial, en el aire
En cuanto a la implementación de la reforma judicial local, Córdova informó que no estará lista a corto plazo.
Se ha propuesto aplazar la elección judicial hasta 2027, lo que mantiene en vilo la reestructuración del sistema.
Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta un panorama complejo: más de 150 mil asuntos sin resolver, una plantilla de jueces insuficiente, un presupuesto congelado y trabajadores con pagos retrasados.
“El Poder Judicial ha sido necesitado por décadas”, expresó la magistrada quien hizo un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo para destrabar los recursos que permitan avanzar en la impartición de justicia.