Una red de contratos públicos, relaciones empresariales y posibles conflictos de interés ha comenzado a tomar forma en torno al caso de Next Energy, extendiendo sus implicaciones más allá del sector energético hasta el alumbrado público en Monterrey.
De acuerdo con la información documentada, el esquema involucra a la empresa INDUSTRIAS SOLA BASIC, que recibió una concesión por 10 años para el servicio de luminarias durante la administración del entonces alcalde Adrián de la Garza. A la fecha, dicha compañía ha percibido pagos por más de 1,699 millones de pesos.
Sin embargo, el modelo de operación señalado apunta a que esta firma habría funcionado como intermediaria, canalizando recursos hacia MD Iluminación Nacional, cuyos principales beneficiarios serían el empresario Eugenio Maiz Domene —actualmente detenido en Aguascalientes por un presunto fraude vinculado a Next Energy— y Jovita Morín Flores, quien se desempeña como contralora del municipio.
Uno de los puntos más delicados del caso radica en que Morín Flores no habría declarado su participación accionaria ni sus vínculos con dicha empresa en sus reportes patrimoniales, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Empresas vinculadas y flujo de recursos
El entramado se amplía con la participación de Intelliswitch, otra empresa proveedora del municipio que, según los registros, ha recibido más de 1,400 millones de pesos provenientes de SOLA BASIC entre 2015 y 2026.
Esta compañía está vinculada a Alicia Domene Llaguno, familiar directa de Maiz Domene, lo que refuerza la hipótesis de una red empresarial interconectada que habría concentrado contratos públicos durante varios años.
El esquema también conecta con el exalcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, quien otorgó previamente concesiones similares en materia de alumbrado, y mantiene vínculos personales y políticos con integrantes de este mismo círculo.
La mecánica descrita en los documentos sugiere un posible patrón: mientras en algunos estados los contratos se asignaban directamente a empresas vinculadas a los beneficiarios finales, en Monterrey se habría optado por utilizar una empresa “pantalla” para evitar cuestionamientos, manteniendo el flujo de recursos hacia los mismos actores.
En cifras globales, los montos asociados a proveedores vinculados a esta red superan ampliamente los mil millones de pesos en distintos periodos administrativos, a lo largo de gestiones municipales consecutivas.
Vínculos políticos y empresariales
El caso cobra mayor relevancia al estar vinculado con el proceso penal que enfrenta Maiz Domene por el proyecto energético de Next Energy, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el posible uso de estructuras similares en otros contratos públicos.
Más allá de los nombres y las cifras, lo que emerge es un esquema que, de confirmarse, exhibiría la persistencia de redes de poder donde lo público y lo privado se entrelazan, con impactos directos en el uso de recursos destinados a servicios básicos como el alumbrado urbano.