Para fortalecer la confianza en la justicia, garantizar la independencia judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartir justicia en la entidad, un grupo plural conformado por organizaciones ciudadanas, empresariales y académicas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León.
La iniciativa surge en el contexto del nuevo modelo que contempla la elección de personas juzgadoras mediante voto ciudadano a partir de 2027.
Ante este escenario, los promoventes plantean mecanismos concretos para asegurar que el proceso electoral se realice con reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad.
“La justicia no es un concurso de simpatía, nace de la preocupación ciudadana que el cambio fortalezca la justicia y democracia”, dijo Mauricio de la Garza Garza, presidente del Consejo Cívico.
Durante la presentación, los promoventes destacaron que la reforma busca equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional, bajo la premisa de que la justicia no puede depender de la popularidad o la capacidad de campaña, sino de la preparación profesional, la ética y la responsabilidad.
Pilares de la propuesta
La iniciativa ciudadana se sustenta en dos pilares fundamentales:
1.- Garantizar perfiles técnicamente idóneos:
Establecer una evaluación técnico-jurídica previa de carácter obligatorio para las personas candidatas.
Implementar requisitos más estrictos para quienes aspiren a un cargo judicial, con el fin de asegurar que cuenten con la preparación necesaria.
Definir reglas claras para el proceso electoral, que incluyan la prohibición de financiamiento público y privado en las campañas judiciales, así como restricciones a la intervención partidista.
2.- Fortalecer la disciplina judicial con independencia:
Crear un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con una separación clara entre las funciones de investigación, resolución y revisión.
Garantizar el debido proceso y evitar concentraciones de poder que puedan derivar en arbitrariedades.
Impacto esperado
Las organizaciones firmantes coincidieron en que una justicia confiable es fundamental no solo para el Estado de Derecho, sino también para la vida cotidiana de las personas.
De la Garza Garza indicó que se trata de fortalecer la democracia con reglas claras para que no tenga los mejores jueces.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que quien resuelve un asunto familiar, penal o patrimonial es una persona preparada, independiente y comprometida con la ley”, señaló.
Las organizaciones coincidieron en señalar que la iniciativa no busca limitar la participación democrática, sino fortalecerla mediante estándares que permitan a la ciudadanía elegir entre los mejores perfiles posibles.
La propuesta contribuiría a:
- Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
- Mejorar la calidad de las resoluciones judiciales.
- Reducir riesgos de corrupción o captura del sistema.
- Generar condiciones más estables para el desarrollo económico y social de Nuevo León.
La iniciativa es respaldada por las siguientes organizaciones e instituciones:
- Caintra Nuevo León.
- Canaco ServyTur Nuevo León.
- Canadevi Nuevo León.
- Caprobi Nuevo León.
- Coparmex Nuevo León.
- Index Nuevo León.
- Consejo Cívico.
- Ceead.
- Cmic Nuevo León.
- Anade Nuevo León.
- Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
- Universidad Regiomontana (U-ERRE).
- Vertebra.
- Promoción de Paz ABP.
- Hagámoslo Bien A.C.
- Juicio Justo.
- Fundación Konrad Adenauer (KAS).
- Consejo Nuevo León.
- Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.