Entre 2010 y 2020, seis municipios de Nuevo León experimentaron una explosión demográfica que superó cualquier proyección razonable.
García, Juárez, Pesquería, El Carmen, Salinas Victoria y Ciénega de Flores vieron crecer su población hasta en un 700%, transformándose en los polos de atracción para miles de familias que buscaban escapar de los altos costos de la zona metropolitana de Monterrey.
Sin embargo, detrás de las cifras de “éxito” urbanístico se esconde una realidad alarmante: la infraestructura y los servicios públicos no han crecido al mismo ritmo que los habitantes.
Lo que parecía la solución al derecho a la vivienda propia se ha convertido, para cientos de miles de familias, en un infierno cotidiano de cortes de agua, fugas de drenaje, falta de luz, transporte inexistente y un creciente cerco de inseguridad.
Cifras que desbordan a la periferia
De acuerdo con Centro Cívitas, el fenómeno del ultracrecimiento es evidente:
- García pasó de 143 mil 694 a 397 mil 205 habitantes.
- Juárez creció de 256 mil 970 a 471 mil 523.
Pero los casos más extremos se observan en:
- Pesquería, que pasó de 20 mil 843 a 147 mil 624.
- El Carmen, que pasó de 15 mil 92 a 104 mil 478.
- Salinas Victoria y Ciénega de Flores también duplicaron y triplicaron su población en apenas una década.
“El resultado es una mancha urbana desordenada en la periferia, donde las familias, impulsadas por la falta de opciones asequibles en los centros urbanos, han ‘resuelto’ su necesidad de vivienda, pero a un costo impagable: perder el acceso a todos los demás derechos”, señala Cívitas.
Una vida de carencias
En colonias como Haciendas del Renacimiento, en García, los vecinos han tenido que instalar sus propias cámaras de vigilancia ante la ausencia de una respuesta policial efectiva.
La seguridad no es la única carencia. El transporte público es insuficiente o inexistente, lo que obliga a los residentes a destinar hasta cuatro horas diarias para trasladarse a sus trabajos.
Las calles sin pavimento ni alumbrado se convierten en un riesgo cotidiano, mientras que los cortes de agua son frecuentes y las fugas en las redes de drenaje parecen eternas.
Las fallas en el suministro eléctrico afectan a numerosas comunidades, con apagones que pueden durar días.
Los parques que aparecían en los planos de venta o nunca llegaron, o fueron abandonados tras usarse como anzuelo comercial.
“Este conjunto de carencias no es menor: constituye un ecosistema perfecto para que florezca la violencia”, advierten expertos en desarrollo urbano.
No es coincidencia que estos mismos municipios encabezan las estadísticas de nota roja en la entidad.
Deterioro físico, mental y económico
La crisis urbana silenciosa tiene consecuencias tangibles en la salud de los habitantes.
La rutina interminable de problemas generados por vivir en lugares que no garantizan los mínimos servicios deteriora la salud física y mental de las familias.
La economía doméstica se fractura ante los robos, los gastos médicos urgentes y los costos derivados de una infraestructura que falla todos los días.
Llamado de atención
Ante este panorama, la organización Centro Cívitas lanzó un exhorto contundente a las autoridades en todos los niveles, señalando que la aprobación de desarrollos sin los servicios mínimos no es desarrollo urbano, sino “abandono institucional disfrazado de crecimiento”.
La institución hace un llamado específico a los municipios y al Gobierno de Nuevo León para que dejen de ser negligentes y no autoricen fraccionamientos donde la vida no pueda florecer.
Exige al Gobierno Federal y al Infonavit dejar de perpetuar la precariedad financiando viviendas que alejan a los ciudadanos de los centros urbanos.
“El Infonavit debe enfocarse en vivienda asequible en los centros de la metrópoli, donde las personas tengan acceso real a servicios, empleo y vida comunitaria”, señala el comunicado.
Cívitas también hace un llamado al Inegi para que municipios como Pesquería, García y Juárez sean incluidos en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
“El tamaño de su población exige que sus problemáticas sean medidas, visibilizadas y atendidas con la misma seriedad que cualquier otra ciudad”, destacó la organización.
“Una comunidad sin servicios básicos es una comunidad a la que se le ha negado la posibilidad de ser ciudadana. Y eso, también, es una responsabilidad del Estado”.