Para reducir los índices de violencia y delitos en el Primer Cuadro de la ciudad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey intensifica el Operativo Rastrillo, una estrategia centrada en la identificación y registro biométrico de personas en situación de calle, con un enfoque particular en la población migrante involucrada en actos ilícitos.
Eduardo Sánchez Quiroz, comisario de la corporación, reveló que durante el año pasado se retiraron de las calles a cerca de 9 mil 700 personas en situación de indigencia, de las cuales 2 mil 670 eran migrantes.
Lo alarmante, señaló, es que 147 de estos ciudadanos extranjeros estuvieron vinculados a delitos de alto impacto, como homicidios, narcotráfico y lesiones graves.
Registro como herramienta de control
Sánchez Quiroz explicó que el proceso de detención por faltas administrativas o reportes ciudadanos permite a la autoridad generar una base de datos que antes no existía.
“En lo que va de este año llevamos 3 mil 526 personas retiradas de las calles para que se queden en las celdas para que nosotros podamos sacar los biométricos, tener fichas”, señaló Sánchez Quiroz.
Destacó que este registro también sirve para identificar a las personas en caso de fallecimiento o accidentes.
El comisario explicó la efectividad de este “censo” preventivo.
“El Operativo Rastrillo funciona porque los retiramos del lugar y los fichamos y nos damos cuenta quiénes son”, detalló. “Esta medida busca dar respuesta a los recientes ataques violentos contra transeúntes y casos de homicidios donde se ha detectado la participación de extranjeros”.
Radiografía delictiva por nacionalidad
De acuerdo con los datos de la corporación, se ha identificado un patrón de conducta delictiva según la procedencia de los detenidos.
Sánchez Quiroz detalló que, de los 147 migrantes puestos a disposición por delitos graves el año pasado, casi 95 son de nacionalidad hondureña, quienes presentan una tendencia hacia delitos más violentos.
“Tenemos un problema fuerte con la violencia que están desarrollando los ciudadanos de nacionalidad hondureña aquí en el municipio de Monterrey”, advirtió el comisario.
Los ciudadanos colombianos, agregó, suelen estar vinculados a fraudes y esquemas de préstamos “gota a gota”, mientras que los venezolanos han sido detectados principalmente en robos de vehículos y fraudes.
La estrategia de seguridad se apoya en una red de comunicación directa con los habitantes y comerciantes del Centro de la ciudad.
A través de chats vecinales con joyeros, notarios y residentes, la policía recibe reportes inmediatos sobre personas agresivas o que consumen drogas en la vía pública para proceder a su retiro inmediato, manteniéndolos en arresto administrativo hasta por 36 horas.
Sánchez Quiroz dijo que la seguridad pública es solo una parte de la solución.
El mando policial hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para crear estancias dignas.
“Lo que yo siempre he estado pidiendo, que se haga un lugar donde puedan tener una estancia, donde puedan tener una situación de calidad de vida... donde reciban un alimento, donde tengan una cama donde dormir”.
Actualmente, la corporación mantiene un promedio de ocho detenciones de migrantes vinculados a delitos por mes, y continuará utilizando el registro biométrico como la herramienta principal para identificar y disuadir a quienes pretenden delinquir bajo el anonimato de la situación de calle.