Aunque hasta el momento solo hay siete denuncias formales de personas afectadas por el caso de “La Tía Paty” el fiscal de justicia de Nuevo León, Javier Flores, señaló que hay por lo menos una decena de personas que todavía no interponen una querella en contra de los implicados.
“La Tía Paty” que comenzó como una página de chismes en redes sociales, se convirtió en un escaparate para difamaciones, presuntas extorsiones y supuesta trata de blancas.
“Como una actualización del tema, puedo decir que siguen siendo siete las denuncias que existen”, señaló el fiscal. “Tenemos conocimiento de que hay al menos una decena de personas que todavía no denuncian, pero que se han quejado”.
El fiscal hizo un llamado a las personas que se sientan agraviadas para que acudan a la dependencia y colaboren con el proceso legal.
Destacó que la postura de la institución es fomentar la cultura de la legalidad.
“Principalmente pues siempre tenemos la política de denunciar los hechos delictivos”, expresó Flores.
Aclaró que, hasta la fecha, no se ha recibido una denuncia formal respecto a las presuntas amenazas que el abogado del caso denunció públicamente por parte de la familia de la acusada.
“Formalmente no se ha recibido la denuncia”.
“La Tía Paty”
El 26 de marzo la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de dos personas identificadas como Astrid “N” y César “N”, presuntos administradores de las cuentas en redes sociales conocidas como “La Tía Paty”.
Estas eran utilizadas para difundir contenido y realizar presuntas extorsiones a cambio de no publicar información sensible.
De acuerdo con la información de la Fiscalía las detenciones derivan de diversas denuncias ciudadanas y actos de investigación realizados por la autoridad estatal.
A los imputados se les señala por su posible participación en la operación de las cuentas en redes sociales a través de las cuales se habría exigido el pago de dinero a cambio del retiro de publicaciones.
Además, la Fiscalía investiga los posibles vínculos de los detenidos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso de identificaciones oficiales para suplantar identidades.
Ambos imputados fueron puestos a disposición de un juez, mientras la investigación continúa abierta para deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en esta red de extorsión y suplantación de identidad.