La vivienda representa para millones de familias mexicanas la inversión más importante de su vida. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los casos de desarrollos inconclusos, preventas fraudulentas, ventas duplicadas y esquemas inmobiliarios que terminan convirtiéndose en litigios interminables o en pérdidas millonarias para los compradores.
Aunque México no enfrenta una crisis inmobiliaria como las que sacudieron a Estados Unidos y España tras el estallido de sus burbujas inmobiliarias a finales de la década de 2000, especialistas advierten que el país sí enfrenta una creciente crisis de confianza en el sector derivada de fraudes, vacíos regulatorios y lentitud en la procuración de justicia.
Dos casos recientes ilustran esta problemática. Por un lado, el escándalo de Proyectos 9 en Nuevo León llegó esta semana a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cientos de afectados denuncian haber invertido sus ahorros en departamentos que nunca fueron entregados y aseguran que, tras años de denuncias, continúan sin recuperar su dinero ni obtener justicia.
De acuerdo con los denunciantes, las afectaciones podrían superar los 5 mil millones de pesos. Además, han cuestionado el actuar de las autoridades investigadoras debido a la existencia de más de 150 querellas y decenas de carpetas de investigación que durante años permanecieron sin resultados definitivos.
El caso también ha generado controversia política por los señalamientos públicos sobre presuntos vínculos empresariales entre personas relacionadas con el proyecto y actores cercanos al poder local, situación que ha alimentado las exigencias de una investigación independiente y transparente.
Durante la mañanera, la presidenta Sheinbaum pidió información detallada sobre el caso y ofreció apoyo y asesoría a las familias afectadas.
Mientras tanto, a más de 2 mil kilómetros de distancia, Quintana Roo enfrenta un fenómeno similar. La gobernadora Mara Lezama alertó recientemente sobre la proliferación de “preventas fantasma”, un esquema en el que supuestos desarrolladores comercializan inmuebles utilizando documentación falsa o prometiendo proyectos que nunca llegan a concretarse.
“Estamos investigando fraudes inmobiliarios de personas que lucran con la esperanza de un hogar, utilizando documentos falsos y engaños. No se dejen sorprender”, advirtió la mandataria estatal, al tiempo que llamó a los ciudadanos a verificar la situación jurídica de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y acudir únicamente con agentes certificados.
Los casos de Nuevo León y Quintana Roo muestran dos caras de un mismo problema nacional: la vulnerabilidad de los compradores frente a operaciones irregulares y la dificultad para recuperar el patrimonio cuando existen vacíos de supervisión o procesos judiciales prolongados.
“Lo que comenzó como la promesa de un patrimonio terminó convirtiéndose en una batalla contra la impunidad: cientos de familias siguen pagando créditos o enfrentando pérdidas millonarias por viviendas que nunca recibieron.”
Los afectados sostienen que existen más de 150 querellas y decenas de carpetas de investigación que durante años permanecieron sin avances significativos en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Además, han cuestionado que uno de los principales señalados, el empresario José Aurelio Lobatón, enfrentara procesos judiciales en libertad tras obtener recursos legales que retrasaron el avance de los casos.
El asunto también ha generado controversia política debido a las denuncias públicas sobre presuntos vínculos empresariales entre Lobatón y un despacho relacionado con el hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señalamientos que han alimentado las acusaciones de posible tráfico de influencias y protección institucional. Hasta ahora, dichas acusaciones forman parte de los reclamos de los afectados y deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Al responder al planteamiento realizado en la conferencia, Sheinbaum pidió que se le entregara información detallada del caso para que su administración pueda entrar en contacto con las víctimas y ofrecer acompañamiento.
“Nos puedan dar los datos para poder entrar en contacto con ellos y poder apoyarles, asesorarles”, señaló la mandataria.
La presidenta aprovechó además para vincular este tipo de conflictos con la necesidad de acelerar los procesos judiciales y garantizar que las denuncias por fraude patrimonial puedan resolverse en plazos más cortos.
Mientras en Nuevo León se vive un boom inmobiliario, el caso Proyectos 9 se ha convertido en un símbolo de una problemática que se repite en distintas entidades del país: compradores que invirtieron los ahorros de toda una vida en desarrollos inmobiliarios que nunca fueron entregados y que posteriormente enfrentan años de litigios sin recuperar su dinero ni acceder a una reparación del daño.
Mientras las víctimas esperan avances concretos, el expediente vuelve a colocar bajo escrutinio a la Fiscalía de Nuevo León, a las autoridades municipales involucradas en la autorización de proyectos inmobiliarios y a la red de relaciones empresariales y políticas que, según los denunciantes, habría permitido que el caso permaneciera impune durante años.
Fraudes inmobiliarios CDMX
El caso Proyectos 9 ocurre en un contexto donde los fraudes inmobiliarios se han convertido en una de las principales amenazas al patrimonio de las familias mexicanas. En la Ciudad de México, autoridades han advertido que algunas organizaciones dedicadas a la ocupación irregular y comercialización de inmuebles presuntamente mantienen vínculos con grupos de delincuencia organizada, lo que ha complicado las investigaciones y la recuperación de propiedades para las víctimas.
Datos de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México señalan que cada año se realizan alrededor de 2 mil desalojos, y en cerca del 40% de esos casos están involucradas organizaciones de vivienda. Tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc existen 679 carpetas de investigación relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios.
Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la venta de inmuebles que no pertenecen a quienes los ofertan, la comercialización de propiedades sujetas a litigios judiciales o sucesorios, así como falsas inmobiliarias que solicitan anticipos o enganches sin acreditar la propiedad de los bienes que ofrecen.
Otra práctica recurrente son las llamadas “ventas duplicadas”, en las que una misma propiedad es vendida a varias personas de manera simultánea. En estos casos, la disputa suele resolverse a favor de quien logre acreditar legalmente la propiedad mediante escritura pública e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, mientras los demás compradores enfrentan largos procesos judiciales para intentar recuperar su dinero.
Especialistas como Saucedo abogados advierten que la combinación de redes de corrupción, vacíos de supervisión y lentitud en las investigaciones ha permitido que este tipo de delitos patrimoniales se repitan en distintas entidades del país.
Los fraudes en preventas en México se concentran principalmente en el sector inmobiliario, con pérdidas que superan los 600 millones de pesos anuales y esquemas fantasma en estados como Nuevo León y CDMX.
Por ello, casos como Proyectos 9 han reavivado el debate sobre la autonomía de las fiscalías, la responsabilidad de las autoridades que autorizan desarrollos inmobiliarios y la necesidad de mecanismos más eficaces para garantizar la reparación del daño a las víctimas.