Opinión

Investigación tranza

Las acusaciones hacia Ricardo Anaya tienen un tinte más político que de justicia. Tienen la intensión de desacreditar a la oposición en México.

El sonido de las caducas intensiones de la Cuarta Transformación por acabar con la corrupción, se han silenciado para esconder sus incontables errores. En su lugar, el estruendo de la persecución política ocupa el lugar de honor, desnudado la naturaleza poco tolerante de un gobierno que se resbala con sus propios temas en la agenda nacional.

Y sin decoro, desde cada rincón en Palacio Nacional se engendra un intenso aroma que mezcla el triunfalismo hipócrita con las falsedades de un mal ganador que se queja del regadero que le dejaron. ¡A tres años, el desastre en que vivimos ya no es culpa de nadie más que de la 4T!, pero en lugar construir su proyecto de nación (el cual no tienen) se dedica a golpetear a sus adversarios.

A estas alturas en el horizonte político, ya se ve el amanecer de las trampas de la administración reinante. Las acusaciones hacia el excandidato presidencial, Ricardo Anaya forman un horrible tumor de mentiras que en 76 tomos de una denuncia no logran juntar las pruebas para acusarlo de las injurias que buscan imputar. No encuentran el blanco porque las acusaciones no son verdad.

Y eso que intentaron esconderla con todas su fuerzas, pues después que se pidieran 12 veces las carpetas con la acusación, apenas se entregaron. Tuvieron que pasar tres órdenes judiciales para que la Fiscalía otorgara las supuestas pruebas en contra de Anaya, pero en su contenido, la mayoría de las supuestas pruebas, pocas hacen referencia a él.

Más bien, se narra las tranzas de Lozoya con Odebrecht relacionadas con licitaciones públicas, otorgadas por adjudicación directa a la empresa brasileña. Dentro de los archivos entregados a Ricardo, la gran mayoría de ellos son pruebas irrefutables de su inocencia.

En primer lugar, la acusación indica que se sobornó al excandidato para votar a favor de la Reforma Energética en la primera semana de agosto; sin embargo, Anaya solicitó licencia a la Cámara de Diputados a partir del 6 de marzo de 2014, ya no era diputado en las fechas que indican, y la votación sobre esa ley se realizó en diciembre de 2013, mucho tiempo antes del supuesto soborno.

Además, se indica que la entrega de los recursos se realizó en el estacionamiento de basamento en San Lázaro, pero de acuerdo a una aclaración solicitada a la Cámara Baja ninguno de los involucrados tuvo acceso a esa área entre el 1 y el 10 de agosto de 2014. Recordemos que Anaya dejó de ser diputado cinco meses antes de la cita mencionada, por lo que las tarjetas de acceso y el corbatín de estacionamiento estaban dados de baja.

Los documentos presentados como prueba también indican que el supuesto operador de Lozoya, quien pertenecía al Estado Mayor Presidencial, entró a las instalaciones de la Cámara de Diputados en un automóvil blanco por la entrada de visitantes de la calle de Emiliano Zapata, lo cual es un error más, dado que los accesos para visitantes se encuentran sobre la avenida Ing. Eduardo Molina en la puerta 3 y en Sidar y Rovirosa en la puerta 4, y no como se indica en la carpeta de investigación.

Anaya no estaba en el lugar y fechas señaladas, pero no sólo eso, sino que dentro de los lineamientos de la Cámara de Diputados se prohíbe que ningún miembro de agrupamiento policiaco y ningún vehículo con funciones de escolta puede entrar a las instalaciones porque no está permitido en los lineamientos.

Con todas estas pruebas, queda en claro que las injurias mencionadas son falsas y que los más de 10 millones que recibió Lozoya de Odebrecht no fueron utilizados para los fines que mencionan. Más bien, el exdirector de Pemex se quedó con el dinero y su libertad, a pesar de tener que devolverlo y estar tras las rejas.

Otras investigaciones de este caso, como las de Estados Unidos, marcan claramente que el dinero fue para obtener contratos de obra pública. Y como prueba señalan la entrega de recursos en fechas en que Lozoya era coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, además que después en pleno gobierno peñista, la empresa brasileña obtuvo negocios por adquisición directa que le dejaron ganancias por 39 millones de dólares.

No queda duda. Las acusaciones hacia Ricardo Anaya tiene un tinte más político que de justicia. Tiene la intensión de desacreditar a la oposición en México que busca hacer contrapeso al gobierno de la 4T y es una cortina de humo para ocultar los temas principales del país: la salud, economía y seguridad.

Pero lo que más se nota es cuanto se parecen las formas de la Cuarta Transformación a las del modelo que, según, prometieron destruir. Una pena para México.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Publimetro.

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