Una reforma eléctrica en favor de los mexicanos

El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió, de manera oficial, su proyecto de iniciativa de reforma constitucional en materia energética ante el Congreso de la Unión (se plantea modificar 3 artículos e introducir 9 transitorios).

Esencialmente, dicha reforma contempla eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), traspasando sus facultades, atribuciones y funciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que implica, el rescate y fortalecimiento de ésta; otorga al Estado mexicano la explotación del litio (un mineral que nuestro mandatario considera “área estratégica”) y demás materiales estratégicos dentro de las reservas de “bienes en los que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible”; reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente, fijando al respecto, los porcentajes de ambos sectores: la paraestatal generará, cuando menos, el 54% y las empresas privadas tendrán una participación aproximada de poco más del 40 por ciento.

Me parece de mayor trascendencia, destacar dos aspectos fundamentales: las y los mexicanos necesitamos que los precios tanto de la luz como del gas (ambos de consumo diario en nuestros hogares), en la medida de lo posible, bajen o, cuando menos, se mantengan de manera razonable y que puedan ser pagados sin afectar considerablemente los bolsillos de la población.

De ahí que, si la reforma constitucional que nos ocupa, garantiza la seguridad energética y que la electricidad y el gas tengan mejor costo para las y los mexicanos, en el Senado de la República estaremos analizando su viabilidad, precisamente, debido al beneficio que tenga para la ciudadanía, consecuentemente, es necesaria y adecuada en esa medida, recordando que para su aprobación, se necesitan dos terceras partes de las y los legisladores que conformamos el Congreso de la Unión.