El Presidente envió al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto por la que se modifican los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se busca rescatar y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de que se garantice el suministro de energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos.
El objetivo es desaparecer la figura que mantiene a la CFE como hasta ahora, en subsidiarias y filiales, para constituirla como un solo organismo del Estado con personalidad jurídica propia.
Se propone una colaboración en generación eléctrica entre CFE y el sector privado, que se desea honesta, de buena fe y al servicio de la Nación. La iniciativa establece que la CFE tenga el 54% de la generación mientras que las empresas particulares mantienen el 46%. Esta proposición es indispensable para que se pueda garantizar el abastecimiento y control de un insumo necesario para toda actividad social y económica.
Hoy el 62% de la energía que se consume en el país la genera la iniciativa privada y el 38% restante lo abastece la CFE:
Al respecto, me han llegado decenas de correos para pedir que rechace la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Se ve que las transnacionales que tienen cada vez mayor control del sector, están preocupadas.
De una vez les digo, que como Senador nacionalista veré por el bien de la Patria y no de los intereses privados. No olvidemos que Iberdrola enriqueció a Felipe Calderón con varios millones de pesos como consejero de su filial en Estados Unidos, Avangrid, entre 2016 y 2018. “Sin tener otro empleo formal en el año de 2016 tuvo ingresos por ocho millones 267 mil 515 pesos (…) es decir, 688 mil pesos libres de impuestos al mes, para un total de 40 millones de pesos entre 2016 y 2018″ (El Heraldo, Álvaro Delgado 16/03/2021).
La Reforma Eléctrica busca garantizar mejores precios y mejor servicio a la población, está basada en criterios de sustentabilidad y de soberanía y con ello la 4T está dando un paso histórico a favor del pueblo de México.
PUBLICIDAD
La soberanía energética pasa necesariamente por el fortalecimiento de las empresas públicas, y es necesario restituir al Estado funciones regulatorias que se entregaron al sector privado.
Los esquemas de ventas iniciaron en 1992 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se realizaron cambios a la Ley del Servicio Público Eléctrico, pero se constitucionalizaron a partir del 2010, en el Gobierno de Felipe Calderón , y se ampliaron con la reforma energética de diciembre de 2013 , en la administración de Enrique Peña Nieto, como explica la revista Proceso, en su artículo " Kimberly Clark, Ibedrola, Walmart, Ienova, Bimbo… ganadores ayer, perdedores hoy”, firmado por Jesusa Cervantes.
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respalda la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente y aclara que no se busca expropiar ni nacionalizar la energía eléctrica, sino fortalecer a la CFE.
La distribución de 54 por ciento del mercado a la CFE y el 46 por ciento restante que se pretende otorgar a las empresas particulares tiene el fin de resaltar la soberanía del país , pues se permite la generación privada, pero bajo un nuevo esquema , mediante el cual se fortalezca las empresas nacionales.
“Con la aprobación de la iniciativa privada se pretende que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) regrese a la CFE para atender el despacho de carga “lo cual le da una fortaleza muy grande al servicio de energía eléctrico de nuestro país”.
La política energética encabezada por el Presidente López Obrador busca cinco criterios: la soberanía, la robustez frente a cambios externos, la cobertura de necesidades energéticas básicas de toda la población , el fortalecimiento de todas las reservas y la disminución de los impactos ambientales , incluida la mitigación al cambio climático. El criterio ambiental es un eje fundamental de la política del gobierno nacional.
Bajo la actual administración el interés general está por encima del interés particular, o de los intereses privados, y el bienestar del pueblo es el eje rector de la trasformación.
“La obligación del Gobierno es garantizar la electricidad asequible a precio accesible para los mexicanos.
Con la Reforma Eléctrica la CFE se va a liberar de pagar incentivos a privados, de cargar contratos fijos de 20 años y con esos recursos invertirá en infraestructura propia”, ha explicado la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.
¿Qué nos conviene más a los mexicanos: que el sistema eléctrico nacional sea manejado por una entidad sin fines de lucro, o por empresas privadas que buscan obtener jugosas ganancias sin importar las consecuencias sociales y económicas de nuestra Patria?
De aprobarse la iniciativa, grupos empresariales que se beneficiaron con las reformas energéticas de sexenios pasados serán los grandes perdedores, mientras que el gran ganador será el pueblo de México.