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El pasado 3 de octubre, una información de más de 600 periodistas sacudió al mundo la revelación de alrededor de 12 millones de documentos que dan evidencia la ejecución de complejas redes para ocultar fortunas de distintas personalidades en el mundo. Entre los involucrados en estos manejos internacionales de fondos se han expuesto a más de 330 políticos de 90 países, en dónde una vez más se ha dado cuenta de la presencia de políticos mexicanos como sucedió anteriormente con los Panama Papers y los Paradise Papers.
Durante la campaña del 2018, uno de los factores que más creó expectativa sobre la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la promesa de erradicar la corrupción, los mexicanos estamos hartos de que sistemáticamente se presenten casos de corrupción en las diversas administraciones y que afectan directamente el patrimonio de la ciudadanía. Por lo que la promesa de acabar con la corrupción resultaba una de las más atractivas de su campaña.
En los documentos revelados se revela la participación de más de tres mil mexicanos en operaciones offshore en las últimas décadas, mismos que han utilizado casi dos mil entidades secretas como fideicomisos, empresas, fundaciones o fondos para manejar capitales internacionalmente como medida de ocultamiento de fondos o mecanismos para la evasión de impuestos. En las anteriores experiencias similares, el Sistema de Administración Tributaria ha declarado que revisaría los casos involucrados y en su caso sancionaría a quien incurra en delito alguno. Hasta el momento, poco se ha hecho al respecto.
La investigación de la semana pasada nombra a políticos y funcionarios públicos de la actual administración, lo cual, junto con información revelada en los últimos tres años, resulta ser una mancha más de corrupción para el gobierno en turno. Sin embargo, el presidente se ha pronunciado al respecto durante sus conferencias mañaneras y una vez más ha minimizado las investigaciones a funcionarios afines a su movimiento.
En las anteriores experiencias de 2016 y 2017, la revelación de este tipo de información causó la remoción de los primeros ministros de Islandia y Paquistán. Al parecer, el gobierno del presidente López Obrador dejará pasar -una vez más- la oportunidad de demostrar que su administración tendrá cero tolerancia a la corrupción, decepcionando a los que esperaban que cumpliera con su promesa de campaña y demostrando que el esperado cambio en la política mexicana no llegará en el presente sexenio.
