Presupuesto autoritarios

Una mala práctica que se ha hecho desde 2014 para mermar la independencia de los órganos electorales autónomos respecto de los gobernadores y congresos en los estados, es reducirles el presupuesto o no entregárselos a tiempo, un hecho que intenta someterlos a los designios de los gobernantes o por lo menos obligarlos a actuar con menos autonomía que la que les corresponde desde la Constitución.

Cuando el INE dice que ahora acudirá a la Suprema Corte, para pedirle auxilio, justamente lo haría para que esta ultima casa de justicia se pronuncie respecto a si el poder legislativo tiene dentro de su bolsa de atribuciones la de reducirle el presupuesto a un organismo constitucionalmente autónomo y si en caso de que así se considere, si lo puede hacer sin dar mayores argumentos para fundamentar y motivar esta reducción, una apuesta difícil, pero en esta época de fe, se vale.

Similares agresiones presupuestarias han sufrido algunos organismos electorales locales que padecen reducciones injustificadas, es el caso de Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Sinaloa y Nuevo León, entre otros; no sucede así en el Estado de México o en Coahuila en donde se tiene respeto por lo que estos organismos locales solicitan. ¿De que depende? De la solvencia moral de los consejos electorales estatales, de la racionalidad de su gasto y principalmente de la vocación democrática de los que encabezan los poderes ejecutivos y legislativos en los distintos estados del país.

Lo anterior viene a cuento por el recorte de 4900 millones al INE, que lo pone en aprietos para organizar la aclamación de mandato que pide el presidente para el próximo 10 de abril, el problema radica en que la ley reglamentaria respectiva obliga al INE a instalar el mismo numero de casillas que se necesitaron para la elección intermedia de este año, es decir más de 160,000 en todo el país, integradas por lo menos por cuatro ciudadanos, es decir 640,000, que tendrán además de aceptar prestarse a este numerito, ser capacitadas para recibir los pocos votos que se prevén. Lo que desde luego no se advierte fácil.

La única alternativa posible para el INE es que no se junten los casi 3 millones de firmas que se requieren para darle vida a la convocatoria de la revocación, lo que es posible si consideramos que hasta ahora se han reunido solamente 356,000 es decir un 12% de las que se requieren, a pesar de que ha existido una buena movilización de grupos pro-ratificación en las plazas públicas de las principales ciudades. Quedan solamente 30 días para lograr las más de 2.7 millones que faltan; el maratón Guadalupe- Reyes se ve más sencillo de alcanzar que el numero de apoyos que dice la ley.

De no lograrse reunir las firmas legitimas, el INE así lo tendrá que anunciar en febrero, desde luego no será algo fácil de digerir, sin embargo, este asunto quedará susceptible de ser impugnado ante el TEPJF y auditado por terceros que revisen el numero alcanzado y la legitimidad de las firmas; descontando las falsas, las repetidas y las de las personas ya fallecidas, supuestos todos que ya se han dado en anteriores ejercicios. No falta mucho pues para saber como terminará esta tragicomedia política, digna de una buena serie de Netflix.