‘Decretazo presidencial’, una muestra de autoritarismo y opacidad de la 4T

El Acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal que blinda todas las obras que realice el gobierno, pisotea a nuestro máximo ordenamiento legal. Este llamado decretazo presidencial es una muestra del autoritarismo y de la opacidad de la 4T.

A todas luces es un acuerdo inconstitucional, ya que escudándose en el interés público y seguridad nacional, se vulneran los derechos humanos de los mexicanos y se restringe el acceso a la información pública. Se oculta la información de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas y sus alcances son para cualquier tipo de construcción, desde caminos rurales que se paguen con recursos federales, hasta las obras faraónicas. Además, en caso de que no se cuenten con los permisos o estudios de impacto, se les deberán autorizar de manera provisional la ejecución de las obras.

Por ello, el bloque opositor solicitó a la Mesa Directiva del Senado, se interponga una controversia constitucional contra este decreto. El reto para la Presidenta del Senado es enorme, pues esto la lleva a elegir entre su carrera como jurista constitucional o que deba someterse al gobierno autoritario del presidente.

Hay tres instrumentos judiciales a los que hoy los mexicanos pueden acceder para combatir este decretazo presidencial. El primero es el amparo, al que podrán acudir los ciudadanos. El segundo es la acción de inconstitucionalidad que, si bien es cierto, se impone contra leyes, es un hecho que este acuerdo tiene las características de una norma general y por ende, la SCJN deberá resolver. El tercero es la controversia constitucional la cual puede ser presentada, entre otros, por el INAI, la Cámara de Diputados o el Senado de la República, que quienes están facultados para ello son las presidencias.

Esta acción del gobierno federal para no cumplir las leyes demuestra uno de sus rostros más autoritarios. Que al Presidente de la República no le guste cumplir la ley del país que gobierna es una pésima señal de quien juró “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emane”. Nuevamente desde Palacio Nacional se actúa no sólo de manera inmoral, sino de manera ilegal.