El pasado 22 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial por el que, esencialmente, se declaran de interés público y de seguridad nacional las obras públicas llevadas a cabo por la administración pública federal (Refinería Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), con la finalidad, entre muchas otras, de evitar excesos en trámites, trabas burocráticas y hasta juicios de amparo.
El decreto ha causado polémica; puesto que, a consideración de algunos especialistas, carece de fundamento legal, no transparenta los procesos correspondientes y busca evitar amparos, lo que pudiera violar derechos humanos reconocidos en la Carta Magna; el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), externó su preocupación sobre los alcances del acuerdo que nos ocupa.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel Lípez Obrador señaló que dicho acuerdo “no tiene nada que ver con la transparencia, las Secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”.
El acuerdo tiene finalidades prácticas y que eficientizan los procesos relacionados con la construcción de obras y es necesario, en la medida en que las dependencias así lo consideren; sin embargo, como todo acto jurídico, debe cumplir estrictamente con las normas aplicables, así como respetar los derechos humanos que tenemos reconocidos las y los mexicanos; destaco que en el Senado de la República, en la sesión del 25 de noviembre pasado, uno de los puntos que se discutió fue, precisamente, un oficio a través del cual algunas senadoras y senadores de la república de oposición solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva que, en términos de lo previsto en la ley, se promueva una controversia constitucional; en la propia sesión, la presidenta refirió que sometió a consulta del área de asuntos jurídicos la viabilidad de la solicitud para, en su caso, proceder en consecuencia.