Un acuerdo para blindar obras de la corrupción

El acuerdo administrativo presidencial no significa menor transparencia, rendición de cuentas o dejar de aplicar la ley en la ejecución de los presupuestos y de las obras

El gobierno federal inició desde el inicio de esta administración un importante conjunto de obras de gran envergadura como son la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Tren Maya en los estados del Sur y Sureste del País, el corredor transístmico para unir el Pacífico con el Atlántico y la red aeroportuaria del Valle de México, donde destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Se trata de la construcción de infraestructura que desde sus primeras etapas ha generado un gran beneficio para las poblaciones que se encuentran a su alrededor y, en general, detonarán el desarrollo nacional. Sin duda son acciones que aumentarán el bienestar regional.

Sin embargo, como suele suceder en este tipo de obras de interés público surgen grupos que dicen oponerse, pero que en realidad ocultan sus verdaderas intenciones que son especular y entorpecer los procesos para luego obtener ventajas económicas indebidas mediante acciones de carácter administrativo y judicial.

De ahí que el Presidente de la República haya tomado una decisión para evitar que los intereses económicos particulares impidan, con recursos legaloides, el avance y culminación de esas obras estratégicas para transformar la realidad de millones de mexicanos que han sido abandonados a su suerte a lo largo de la historia y que ha generado una profunda desigualdad social entre regiones y personas.

El acuerdo administrativo presidencial no significa menor transparencia, rendición de cuentas o dejar de aplicar la ley en la ejecución de los presupuestos y de las obras. Por el contrario, la orden que se da es la de no permitir actos de corrupción y agilizar los trámites burocráticos para concluir en tiempo y forma los compromisos presidenciales durante su misma administración. Sin duda, los grupos acostumbrados a lucrar y obtener ventajas de las obras públicas que han sido afectados con la decisión han levantado la voz, pero debe quedarles claro que la política contra la corrupción no tiene vuelta atrás. Ese es el verdadero propósito del acuerdo y por eso es necesario que todas y todos lo apoyemos.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Publimetro.

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