La paz no se podrá alcanzar en las sociedades si las herramientas que la obstaculizan no son delimitadas o controladas en su uso, como ocurre con las armas de fuego.
Dos implicaciones de estos artefactos, que atentan contra la armonía social, son el empleo por motivaciones personales —el joven que ingresa a una escuela y atenta contra sus compañeros o el hombre que ataca a otro por diferencias vecinales— y su utilización en la comisión de delitos, ya sea desde los individuales hasta los del crimen organizado.
Controlar las armas representa conocer de dónde provienen, quiénes las poseen, pero, sobre todo, garantizar que no serán empleadas en perjuicio de otras personas.
El tráfico de armas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la Trata de Personas. Entre los tres, existe una conexión en modo y extensión de operaciones de la criminalidad organizada, en tanto que las dinámicas de la globalización han dado lugar a crímenes transnacionales.
Las fronteras se desdibujan y así los delincuentes afectan a más personas y dificultan a las autoridades poder detener y enjuiciar a los culpables.
En México se estima que en los últimos 10 años más de 2.5 millones de armas llegaron procedentes de Estados Unidos de manera ilegal para ser empleadas por el crimen organizado. Además, se calcula que pudieron estar relacionadas con unos 17 mil asesinatos tan solo en 2019.
Frenar su ingreso significaría, por tanto, un elemento central para contribuir en la construcción de la cultura de paz.
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En agosto del año pasado, el Canciller Marcelo Ebrard presentó una demanda ante un tribunal de Boston, Massachusetts, en contra de productores y distribuidores de armas estadounidenses al acusarlos de comercio negligente e ilícito, a sabiendas de que su destino son los cárteles de la droga mexicanos.
Este viernes, la Arms Control Association, organización no gubernamental establecida en 2007, reconoció al Canciller, y al Gobierno de México, como las Personas del Año, al encontrar en la demanda presentada un enfoque novedoso en el control de estos artefactos.
Los ocho nominados al premio han trabajado arduamente en países como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Siria para desarrollar normas y reglamentos para controlar la producción de armas nucleares, evitar una carrera armamentista espacial y combatir el tráfico de armas, entre otros.
La preocupación del gobierno de México es que la presencia de armas ilegales en el país afecta a miles de familias, por lo que detener su transportación al sur de la frontera es vista como cuestión de principios y obligación moral.
Acciones como ésta o como el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz —impulsado desde el Gobierno de la Ciudad de México para sacar de los hogares esos instrumentos— son contribuciones centrales en la pacificación del país.