El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en lo que nos interesa, que son derechos de las y los ciudadanos mexicanos participar, mediante votación libre, directa y secreta, en los procesos de revocación de mandato, particularmente del Presidente de la República, lo cual, será convocado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien ha señalado que se necesita presupuesto adicional considerable, ante lo cual, el titular del ejecutivo, aseguró que dicha institución tiene que hacer un ajuste a su presupuesto liberando fondos y reduciendo los sueldos altos de los consejeros y asesores.
En cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF y atendiendo a la determinación de la Suprema Corte mexicana, el Consejo General del INE, ha informado, por una parte, que, para la continuidad en la organización del proceso que nos ocupa, aprobó ajustes presupuestarios adicionales para reducir el costo del ejercicio de 3,830 a 3,306.73 mdp; además, se hicieron ajustes a otros proyectos para sumar 64.4 mdp a los 1,503 ya disponibles; y por otra parte, que dichos recursos aún NO son suficientes para realizar este ejercicio, por lo que solicitó a la Secretaría de Hacienda la cantidad de 1,738.9 millones de pesos más, lo cual, a mi juicio sí debe ser considerado y, en su caso, autorizado, pues como lo adelanté, al ser un derecho de las y los ciudadanos mexicanos que tenemos reconocido constitucionalmente para participar en la revocación de mandato del Presidente de la República, y establecerse en la propia Carta Magna que es obligación de todas las autoridades, promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, deben llevarse a cabo todas las acciones posibles para la realización de este proceso tan importante.