Como un compromiso del actual gobierno y el acompañamiento del Congreso se estableció como un derecho ciudadano la posibilidad de que a través de las urnas las y los mexicanos podamos decidir si el Presidente debe permanecer en el cargo o ser retirado.
De ahí que en la propia ley se le haya facultado al INE la organización de la consulta.
En ese sentido el INE debe llevar a cabo un complejo proceso para garantizar que todas las personas puedan ejercer ese derecho humano. Sin embargo, en las últimas semanas se ha buscado obstaculizarlo mediante pretextos de carácter financiero.
En noviembre pasado la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto federal para este año dispuso de recursos económicos suficientes para que el instituto electoral cumpla con su mandato.
Como parte de esa estrategia han buscado que el gobierno destine una mayor cantidad de dinero, lo cual significaría distraer recursos que ya están comprometidos como los de los diversos programas sociales y que son indispensables para millones de personas adultas mayores, jóvenes que necesitan un apoyo para su futuro, hombres y mujeres en condiciones vulnerables o quienes los requieren para atender la salud o mejorar su situación productiva.
Por eso, insistimos en que todas las instituciones, en este caso el INE, deben hacer un esfuerzo para fortalecer nuestra democracia participativa, al tiempo de aplicar programas de austeridad que eviten los dispendios y se apliquen los recursos a las cuestiones sustantivas como es el ejercicio de ese derecho y se reduzcan al máximo los gastos superfluos.
Tenemos la certeza de que con el presupuesto destinado será posible llevar a cabo ese proceso que será histórico porque por primera vez las y los mexicanos podremos expresar el rechazo o respaldo al gobierno de la República.