¿El gobierno debe autorizar recursos al INE para la consulta de revocación de mandato?
Sí. Uno de los mayores logros que se ha conseguido para la democracia en los últimos 25 años es la creación de un Instituto encargado de organizar y calificar las elecciones que quede fuera del alcance del Poder Ejecutivo, ya que, como funciona este país y muchos otros, el partido en el poder busca mantenerse como un elemento natural del ejercicio del mismo, por lo tanto, en caso de tener en su ámbito el área encargada de los electoral, se convierte en juez y parte.
Incluso, más allá de la creación del entonces Instituto Federal Electoral, lo relevante se encontró en la consecución de su autonomía, por lo que todo lo vivido por el INE en los últimos meses es un auténtico despropósito a su naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo, ya que es en función de las necesidades, ya sea en año electoral o en año sin elecciones, formula un presupuesto suficiente que le permite desempeñar tareas que, hasta hoy, ha desarrollado de buena manera.
Por otro lado, la consulta por la revocación del mandato es un ejercicio democrático sin precedentes pero importante para fomentar la participación ciudadana (siempre y cuando arroje números representativos), lo que implica que se debe realizar pero con los recursos suficientes que le den certeza y transparencia, ya que de lo contrario sería cuestionable una figura que se ha forzado a realizar con la única intención de apuntalar un proyecto clientelar.
Resulta sumamente ilógico que en un año, resultado de los estragos de una pandemia, en el que se le redujeron recursos a muchos programas e instituciones vitales para la vida de nuestro país, entre ellos el INE, se le quiera obligar a realizar una consulta con costos millonarios sin que haya una adecuación presupuestal pudiendo recortar de obras faraónicas que hoy no son prioritarias y, por el contrario, se les diseñe, desde fuera, como antes de la autonomía, una serie de recortes para cumplir con la creación de la consulta.
La ciudadanía mexicana exige que se realice la consulta pero también que se respete la autonomía, la vida democrática del país y se deje de mermar a un Instituto que ha demostrado transparencia y calidad en el desempeño de las funciones encomendadas por nuestra Carta Magna.