La sustracción de menores necesita no solamente reconocerse, sino del trabajo urgente como Estado mexicano para que deje de suceder.
Miles de madres buscan a hijas e hijos desaparecidos, y muchas de estas desapariciones empezaron con sustracción de menores para tráfico de órganos, redes de trata, abuso sexual infantil, entre otros.
Historias de cientos de madres y padres buscando a sus hijos e hijas sustraídos las leemos a diario en los medios o en las redes sociales. Madres y padres de familia buscando en plazas, cementerios, en fosas clandestinas a sus hijas e hijos desaparecidos, desaparición que empezó en algunos casos, con la sustracción de un menor.
Es por eso que en el Senado de la República avalamos declarar el 29 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Sustracción de Menores, con la intención de hacer conciencia, mediante distintas actividades promovidas por el Estado y la sociedad, sobre la importancia de preservar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer y convivir en el seno de su familia, y del daño que representa la sustracción para su desarrollo integral.
Hace tan solo unas semanas conocimos del caso de Tadeo, un bebé que sustrajeron de uno panteón en la Ciudad de México; se trata de la sustracción de un menor ya no vivo, sino muerto, ya enterrado. Un horror que no puede volver a suceder en nuestro país, y del cual nos tenemos que hacer cargo todas y todos como ciudadanos, pero sobre todo como legisladores.
Uno de los tipos de sustracción de menores es la interparental, la cual es considerada una forma de violencia infantil, ya que niñas y
niños son expuestos a consecuencias psicológicas de alto impacto como: aguda
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sensación de miedo intenso, sentimiento de profunda confusión y sensación de indefensión.
En México el número de divorcios se ha incrementado de manera importante durante la última década, lo que lleva al aumento de desacuerdos entre las parejas siendo los más desfavorecidos los hijos e hijas, quienes en muchos de los casos son sustraídos por alguno de los progenitores con la intención de lastimar al otro progenitor, o para obligarlo a hacer alguna conducta que desea la contraparte, causando graves daños a los menores.
La Asociación Mexicana señala que el 65% de casos de sustracción fue cometida por alguno de los padres; el 30% proviene del propio menor, que al verse afectado decide lo que se conoce como “ausencia voluntaria o coaccionada” como respuesta a la violencia familiar que sufre, y el 5% se relaciona con el robo de niños por terceros.
Lo anterior, demanda políticas tendientes a concientizar a los progenitores y a
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, sobre la importancia de evitar la sustracción de los menores que tanto daño les causa, y la responsabilidad y el cuidado que deben tener para la protección de éstos, a fin disminuir cualquier riesgo de sustracción por parte de terceros.
No más fosas con menores. No más niñas, niños, adolescentes descuartizados, violentados. No más sustracción de niñas, niños y adolescentes vivos o muertos.
Reconozco el apoyo y acompañamiento de todos los grupos parlamentarios del Senado en esta reforma que fue aprobada por unanimidad. Ahora debemos pasar de este cambio en las leyes a la colaboración conjunta como Estado mexicano para hacerlo realidad.