El viernes pasado, el presidente descubrió su peor rostro, el de un aspirante a dictador que utiliza a las instituciones y viola la ley con tal de realizar sus caprichos personales.
El enojo presidencial se debe a que se hizo público que su hijo mayor está siendo favorecido por una empresa contratista del gobierno. Durante más de 20 años, López Obrador había manejado un discurso basado en la austeridad, en el combate a la corrupción, en la eliminación de los privilegios, y hoy, ese discurso ha sido tumbado palabra a palabra por su propia familia.
Sin duda necesitamos más investigaciones periodísticas como las realizadas en estas últimas semanas, ya que al parecer, la familia del presidente se ha servido con la cuchara grande desde las instituciones; primero con los contratos de su prima Felipa en Pemex; ahora su hijo con una casa en Houston de uno de los altos funcionarios de la empresa Baker Hughes.
A pesar de esto, el primer mandatario, en lugar de investigar y castigar la red de corrupción al interior de su gabinete y en su familia, agrede a quien lo evidenció. Con 54 periodistas asesinados en su administración, el presidente sigue fomentando las agresiones en contra de este sector que dedica su vida a la libertad de expresión y de prensa. Ese es el problema de este gobierno, se criminaliza el actuar de los periodistas, de los opositores al régimen y se les expone desde la tribuna presidencial. A López Obrador se le ha olvidado que es un servidor público que tiene responsabilidades y no puede violar los derechos de los ciudadanos.
México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo y, hoy, desde el poder público se pone en la primera línea de ataque a los periodistas. Los excesos del poder deben parar. Este fin de semana quedó de manifiesto el hartazgo de los mexicanos a través de las redes sociales.
Exigimos que el Presidente de la República se apegue a nuestro marco normativo y cese esta persecución contra los medios de comunicación que revelan la corrupción de su gobierno.