El hijo ilegítimo
En la búsqueda de gobernabilidad, la humanidad cargó sobre los hombros de unos cuantos la tarea de reflejar la mejor organización para alcanzar el progreso de las naciones; y en el camino encontró una diversidad de respuestas que desembocaron en batallas ideológicas duramente pulidas sobre las forjas del debate, la crítica y el cuestionamiento.
El rostro de esta antigua querella, sobre la que ahora destellan delicadas variantes en los sistemas políticos modernos, se puede simplificar en la célebre discusión entre Otanes, Megabyzo y Darío, la cual llegó a nuestros oídos gracias a las Historias de Heródoto, mencionada por Norberto Bobbio.2
Ciertamente esta fábula, delineada entre los anales de la historia, da mucha luz sobre este tema. Paso a paso, los argumentos de esta polémica han moldeado nuestro imaginario colectivo; ese mundo de las ideas que cada vez crece más al paso de los veranos convertidos en años que develan las décadas de los siguientes siglos.
En aquella historia, convertida en el encuentro premonitorio entre tres formas de pensamiento, Otanes proponía desechar la monarquía y priorizar la isonomía (igualdad de derechos políticos) del pueblo. Mientras que Megabyzo vislumbraba la solución en la oligarquía y aconsejaba entregar la honorable tarea a un grupo de los mejores hombres, en lugar de arrojarla a una multitud inepta.
Por último, Darío esgrimía la necesidad de contar con un único gobernante: el mejor hombre. Y todo porque presagiaba un riesgo mayor en los sistemas democráticos, donde el control se volviera líquido e insostenible entre muchas manos, dejando a la esfera política presa de la corrupción.
El corazón mismo de esta discusión trascendió la vida de sus interlocutores y mensajeros hasta caer sobre las asambleas, los gobernantes y los intelectuales. Solo entonces fue inventada la democracia sin querer y más a la fuerza de la disparidad que con una intención legítima.
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Al igual que la teoría de la evolución, comprobada bajo la ramificación de las especies, la democracia es la hija ilegítima de sus padres, pues no se buscó a propósito, sino que fue moldeada por la acción humana3 y la bifurcación de las discusiones de los distintos pensamientos de cada época.
Es así que desde la cuna de las repúblicas y las libertades, dentro, muy dentro de la Revolución francesa, otro pensador, Montesquieu,4 causó una de las fracturas más importantes dentro del desarrollo de la democracia, ya que sus reflexiones entregaban la soberanía al pueblo, transgrediendo la concepción misma del gobierno hasta ese momento.
Con esta dura complicación, el concepto de la democracia saltó al abismo reformándose con otra pieza fundamental para la democracia moderna, pero ahora en manos del marqués D’Argenson, quien dio forma a las declaraciones de Montesquieu mediante la integración de una figura legislativa intermedia: los diputados.
De este modo, la representación ciudadana había nacido alimentando el deseo de libertad e igualdad, mismas que impactaron a varios intelectuales de la época ante su aplicación en naciones como Estados Unidos. Entre estos, Alexis Tocqueville acertó al exponer dentro de su segundo tomo de Democracia en América que “[…] cuando la desigualdad es la ley común de una sociedad, las más fuertes desigualdades no saltan a la vista; cuando todo se encuentra más o menos nivelado, las mínimas desigualdades hieren […]”.
El intelectual francés fue un ferviente partidario de la monarquía; y en su momento rechazó la república fundada en Estados Unidos, pero sin duda llegó a apreciar las instituciones democráticas, la legalidad y los derechos ciudadanos. Tocqueville se definió por su apasionada vocación al orden impuesto, por lo que se mostraba en contra de la posibilidad de la acción de muchos sobre las naciones modernas,5 donde la participación ciudadana y su representación política juegan uno de los papeles principales dentro de los escenarios políticos del mundo.
Tal y como lo explicó en su momento Mauricio Merino,6 al referirse a los límites mismos de la participación ciudadana, el binomio indisoluble entre la participación de la población en la elección de figuras de gobierno y los representantes elegidos por medio de las urnas durante los procesos electorales es la democracia misma.
Con las bases presentadas escuetamente con anterioridad, podemos decir que la democracia se ha integrado como el sistema político al cual las naciones aspiran, y todo porque plantea una diferencia fundamental en la elección de sus gobernantes, es decir, los comicios, los cuales están respaldados por la ley e instituciones fuertes que permiten igualdad en la opinión de todos.
Una acción determinante, pues cada una de las personas dentro de los puestos de gobierno son representantes políticos no de uno, sino de todos los ciudadanos. Con este sistema, la antigua discusión entre Otanes, Megabyzo y Darío llega a un acuerdo, dado que se cuenta con una persona encumbrada en el poder que ejecuta (Poder Ejecutivo), un congreso de muchos (Poder Legislativo) que genera el marco legal, y un tribunal que ejecuta las leyes (Poder Judicial); mientras que alrededor permea la elección de la mayoría a través de las urnas.
Participación ciudadana, corazón de la democracia
Latiendo fuertemente dentro de la democracia mexicana, es la participación ciudadana el alma misma de la democracia y se le cumple o falla durante el ejercicio de gobierno, pero no habría forma de lograrlo sin los partidos políticos, los cuales son el catalizador donde desemboca el ejercicio de gobierno.
La ruta que va de la abstracción de la libertad hasta su establecimiento en leyes concretas se convirtió en las riberas que abrieron el camino para hacer fluir el poder concentrado, buscando alcanzar las costas de las libertades venideras. Ser considerado ciudadana o ciudadano en una sociedad es un gran logro para influir en la vida política de cada país.
Sin embargo, no es lo mismo la participación ciudadana que la participación política.7 En términos generales se reconoce cuatro formas de participación política: el ejercicio del voto, las actividades de los ciudadanos dentro de las campañas electorales, las actividades comunitarias, y las que derivan de algún conflicto en particular.
Dilucidado por nuestra Carta Magna, el rasgo de la participación ciudadana está delimitado por el Estado de derecho, mostrando que al salirse de ese límite la participación se convierte en rebeldía, al comenzar desde abajo, o en movilización, si es engendrado desde la parte superior del sistema político.
La importancia de este concepto permite visualizar el equilibrio entre la participación y la capacidad del gobierno para tomar decisiones, las cuales deberán estar apegadas a la legalidad y a las demandas ciudadanas. Pero como plantea Mauricio Merino,8 cumplir con las expectativas ciudadanas es una tarea compleja, ya que las demandas hacia los gobiernos suelen aumentar.
La paradoja de la representación y la participación radica en la profunda relación que permite la selección de autoridades y al mismo tiempo exige resultados a través de la responsabilidad pública. No se elige de manera incondicional, sino con una exigencia de resultados, y es en los procesos electorales donde la alternancia pacífica toma cuerpo. Como se afirmó anteriormente, las prácticas democráticas se alimentan de la transparencia que generan las instituciones, así como de la separación de los poderes estatales.
Tal cual ha sido planteado por intelectuales en la materia, el puerto al que el navío democrático busca llegar se encuentra dentro de las cristalinas aguas de administraciones capaces de evitar el abuso del poder, por lo cual la integración de pesos y contrapesos en el gobierno atrae gran parte de las tareas democráticas durante los comicios, así como dentro del ejercicio gubernamental.
Por lo tanto, el sistema democrático genera grupos de gobierno con poder limitado, que a su vez son vigilados por los otros actores políticos,9 la opinión pública y la ciudadanía misma. No cabe duda de que la responsabilidad pública es una calle de dos vías, desde la cual se genera capital político para la elección de un candidato a un cargo público o su destierro por el inadecuado uso del poder.
Los comicios legitiman; pero cuando no se respetan las normas establecidas por el mismo sistema político o no se cumple con las expectativas de gobierno, se infringe la confianza, dañando la participación ciudadana. Además, como menciona José Antonio Crespo,10 “La soberanía popular pudo expresarse a través de diversas modalidades que permitieron legitimar a una variedad de regímenes políticos de la modernidad […]”.
Sin duda, la soberanía entregada a la sociedad se convirtió en el mayor mecanismo para deponer líderes que no cumplen con sus promesas, ya que los mecanismos democráticos promueven la pluralidad de fuerzas políticas y su representación dentro de las instituciones y poderes de la unión.
A pesar de este paradigma construido en nuestro país mediante la presión social, las elecciones por sí mismas no garantizan la misión de la democracia porque dentro de su profundidad oceánica, las reglas y condiciones en que se celebran desempeñan una variable fundamental que separa a los regímenes plurales de los totalitarios.
Es necesario definir reglas que permitan la competencia pareja de todos los participantes del juego político, donde los partidos políticos representan estratos mismos de la población, junto a sus convicciones. Dicho de otra manera, los partidos deben tener la posibilidad de ganar poder, pues son entes organizados para acceder a él y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de respetar las reglas establecidas antes, durante y después de la elección.
Las condiciones básicas para la organización de los comicios11 son un padrón electoral confiable, la credencialización de las personas que participarán en la votación, contar con autoridades imparciales que puedan calificar los comicios, una constante vigilancia del proceso, información oportuna de los resultados de la elección, un órgano calificador imparcial, y la tipificación y penalización de los delitos electorales.
De fondo es ineludible la creación de instituciones independientes al poder que organicen y vigilen las elecciones. “Los criterios para medir la legitimidad de un sistema […] van desde su capacidad para mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los ciudadanos […] Uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos e instituciones […] para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.12
Con estas ideas tatuadas en la piel de la democracia mexicana, se revela que incumplir con las normas establecidas con cabalidad en las elecciones es un daño directo a la participación ciudadana y una burla a la representación, a la cual se busca acceder. No se puede gozar de la posibilidad de ganar un cargo público sin cumplir con las normas establecidas previamente a los comicios. Por esa razón, las infracciones causadas por distintos actores en la elección pasada son una burla por sí mismas al sistema político al que se intenta pertenecer.
Denuncias en el proceso electoral 2021
Después del proceso electoral intermedio de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Fiscalización, revisó meticulosamente cada una de las elecciones de los más de 20 mil cargos que estuvieron en juego en todo el país y encontró irregularidades que señaló puntualmente el 22 de julio en Consejo General. Fue mediante la metodología de la institución que se detectaron 491 irregularidades por parte de diferentes actores políticos durante las elecciones.
Estos procedimientos integraron las carpetas de investigación del INE, mediante las normas establecidas para vigilar el financiamiento indebido; el respeto de la veda electoral, establecida del 3 al 5 de junio; así como cada uno de los delitos electorales tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Es importante resaltar que la diafanidad formulada en la democracia representativa tiene su veta en las instituciones, y estas a su vez se fundamentan sobre la legalidad de la libertad para los ciudadanos que ejercen el poder soberano. Por eso las faltas de los actores políticos señaladas por los consejeros electorales del INE, durante la pasada elección, son un golpe mismo a la ciudadanía y a la democracia que no puede negarse.
Uno de los casos más señalados, y sobre el que detendremos nuestro análisis, es la violación de la veda electoral por parte de actrices, actores, youtubers e influencers a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El diez de junio de 2021, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) remitió un acuerdo con fecha del 8 de junio donde se indicaba la violación de la veda electoral por estas figuras públicas.
Recordemos que en ese momento se encontraba una prohibición que impedía la propaganda política, lo cual está estipulado en el artículo 251, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El INE advirtió que por medio de redes sociales estas figuras públicas habían promovido y posicionado las propuestas del PVEM, practicando una estrategia que el partido político aplicó de la misma forma en 2015. En ese entonces, se difundieron mensajes favorables a candidatos a través de cuentas de Instagram de particulares, resultando en una violación a la ley.
Dentro de los anexos del acuerdo presentado por la utce,13 se mencionan 104 cuentas desde la que se lanzaron mensajes sincronizados durante la veda electoral de este año. De esta forma, la investigación levantada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) logró identificar el 78.85% de los emisores (82 cuentas), mientras que el 21.15% no contaban con datos de identificación (22 cuentas).
Por lo anterior, la institución procedió a notificar a los ciudadanos identificados, de los cuales solo se logró informar a 43 de las personas involucradas; es decir, el 52.44%. De este universo, dos no contestaron, mientras que dos más negaron ser la persona que se buscaba. Después de este proceso, 39 de los involucrados atendieron al requerimiento de información.
Posteriormente, 37 personas reconocieron las cuentas como propias negando que sus publicaciones estuvieron relacionadas a alguna contratación, porque era su opinión y su libertad de expresión. Es decir que, en total, se identificaron a 38 sujetos que manifestaron no haber recibido pago alguno por parte del partido o algún funcionario. Por último, tres personas se identificaron como militantes o simpatizantes del Partido Verde.
Dejemos en claro que no se trataba de particulares, sino de figuras capaces de generar una tendencia política por alguno de los candidatos en medio de un periodo de silencio electoral, en el cual no debía lanzarse opinión al respecto. Por ello, la resolución del Consejo General del INE sobre este tema fue imponer al pvem una reducción del 25% en los recursos suministrados por el Instituto hasta alcanzar un total de 40 millones 933 mil 568 pesos.
Asimismo, se le impuso una interrupción de la transmisión de propaganda política dentro de los tiempos asignados por el Instituto Nacional Electoral en la pauta ordinaria. De repetirse, este tipo de prácticas por parte del PVEM, el INE podría anular su registro, derivado de una reiterada violación a las normativas electorales.
Esta misma sentencia ya fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por unanimidad, lo cual reitera la falta a la mismísima democracia que intentamos construir mediante transparencia, juego limpio e instituciones firmes, capaces de asegurar una contienda limpia para todas y todos.
El otro caso de alta relevancia en el proceso electoral de 2021 fue el relacionado con el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. En este caso, la UTF resolvió 13 quejas relacionadas a la influencer Mariana Rodríguez Cantú, quien realizó donaciones en especie a la campaña del excandidato.
Cabe señalar que la influencer es una persona física con carácter empresarial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de ser titular de su nombre como marca comercial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), con el cual comercializa a través de publicaciones en redes sociales.
Dentro del artículo 121 del Reglamento de Fiscalización, se establece con mucha claridad que las empresas mexicanas de carácter mercantil están impedidas de realizar “[…] aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito […]” dentro de las campañas electorales.
Pese a esta prohibición, la cual tanto el candidato Samuel García como Movimiento Ciudadano conocían, se permitió las donaciones en especie por parte de la empresaria Mariana Rodríguez.
Además, de acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, es obligación de los partidos políticos “rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de […] cualquiera persona a las que las leyes prohíban financiar […]”.
Asimismo, el artículo 54 de la misma ley menciona que: “No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: […] f) Las personas morales […]”.
La delicada balanza electoral se vio afectada por las diversas publicaciones de Mariana Rodríguez en favor de la campaña de su esposo, ya que sus redes sociales no son particulares, sino que se utilizan para comercializar a su público de 1.8 millones de seguidores en Instagram.
Durante la campaña que tuvo una duración de 90 días (del 5 de marzo al 2 de junio), se realizaron publicaciones diarias y en tiempo real, sumando alrededor de 1300 historias y un aproximado de 45 fotografías ligadas a la candidatura de Samuel García, las cuales generaron un beneficio. De esta manera, Rodríguez fusionó su plataforma comercial al proyecto político de su esposo.
El ine estimó que las aportaciones en especie de la influencer a la campaña del ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León alcanzaron los 27.8 millones de pesos, una cifra valorada de acuerdo a los precios comerciales manejados dentro de la plataforma de Mariana Rodríguez. Además, se suma la cantidad de 60 mil pesos por su aparición en el video musical Arráncate Nuevo León Rock.
Ante esta situación, se impuso a Samuel García una multa por 5 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo cual equivale a 448 mil 996 pesos, mientras que para al partido Movimiento Ciudadano se le asignó una multa alrededor de los 55 millones de pesos, las cuales serán cobrados mediante una reducción del 25% de su ministración mensual hasta cubrir la suma.
Esta resolución difiere de la presentada por la autoridad electoral en 2018, correspondiente a las marcas comerciales durante la campaña de Samuel García para senador, dado que no se le atribuyó responsabilidad, ya que se consideró procedente invocar el error de prohibición indebida en su beneficio. En ese caso, no se pudo demostrar que Mariana Rodríguez había recibido remuneración por los mensajes difundidos, pues en ese entonces se estimó que sus redes sociales eran privadas porque aún no estaba dada de alta en el SAT.
Es evidente que las redes sociales de Rodríguez Cantú ya no son de carácter privado, porque es catalogada como influencer top, utilizando su plataforma virtual con un carácter estrictamente publicitario y no personal. Se tiene conocimiento que la actividad empresarial de Mariana es de 80% mientras que el 20% restante lo tiene como socia y accionista. Además, se encuentra registrada bajo los regímenes de personas físicas con actividades empresariales y profesionales e ingresos por dividendos (socios y accionistas).
Posteriormente, Samuel García desestimó las sanciones del INE impugnando la resolución. Ahora el caso se encuentra en manos del TEPJF y al parecer la Sala Superior considera fundados los alegatos del excandidato y la influencer; sin embargo, más allá de la resolución final sobre este tema no puede alejarse de la mira la tendencia que las figuras públicas pueden tener sobre la opinión pública.
Los delitos cometidos durante el proceso electoral de 2021 delinean un farsante intento por esquivar lo establecido en las normas e instituciones democráticas a favor de partidos políticos y candidatos, quienes buscan acceder al poder.
Como señala Jaime F. Cárdenas Gracia en Partidos políticos y democracia, las fuerzas políticas tienen el objeto de acceder al poder, pero al formar parte del sistema político forman parte de las instituciones democráticas que mantienen a flote la pluralidad. Por ello, el constante intento de algunas de ellas a esquivar las leyes vulnera el sistema de partidos y en sí misma a la democracia, que como ya vimos ha costado tanto trabajo construir.