El pasado 4 de febrero, el INE aprobó instalar 57 mil 677 casillas para la consulta de Revocación de Mandato, lo que representa una tercera parte de las 161 mil 640 que por Ley debe colocar para que los ciudadanos emitan su opinión respecto a si debe o no continuar Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el próximo 10 de abril.
La legislación sobre Revocación de Mandato establece que para un ejercicio de democracia participativa como éste se deben instalar el número de mesas de votación correspondiente a una elección federal, sin embargo el órgano electoral recortó el número ante una supuesta “falta de presupuesto” para realizar este ejercicio democrático. ¿Falta de presupuesto, o presupuesto insuficiente cuando los consejeros ganan más que el Presidente de la República?
Ante lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que se está violando la Constitución que se comprometió a hacer valer.
Denunció que para la consulta del año pasado el INE instaló 57 mil 77 casillas con un presupuesto de 502.6 millones de pesos, es decir cada casilla costó ocho mil 805 pesos.
Ahora, con la Revocación de Mandato se contemplan mil 692.5 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, es decir el costo se elevó a 29 mil 692 pesos por casilla “¿Cómo explican esto?”, pregunta AMLO.
“¿Cómo están las cuentas? ¿La consulta de revocación de Mandato costará dos o tres veces más con el mismo número de casillas? Los del INE deberían situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo, cumplir con la democracia”.
¿El INE no pondrá todas las casillas para la Revocación de Mandato habiendo dinero para ello? “Que el INE no le haga al cuento y haga bien las cuentas, (…) está afrentando la democracia por el bajo número de casillas”.
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“Habrá municipios donde no se instalará una sola casilla, ¿qué no es esto una violación a la Constitución? ¿Qué no es una afrenta a la democracia? Es una vergüenza en todo sentido”, criticó el presidente que denuncia se está obstaculizando el principio constitucional.
Las 57 mil casillas son insuficientes para cumplir con el mandato constitucional, razón por la cual el Presidente solicitó a los consejeros del INE que se reúnan y que se incremente el número de casillas. Recomendó que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades, estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales que podrían ayudar para que haya casillas suficientes.
El INE quiere que fracase la consulta de revocación de mandato. Busca desincentivar la participación al instalar menos casillas. El Instituto es un actor político de oposición y no hay árbitro electoral.
Ya lo dijo la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo: “¿Dónde quedó el árbitro electoral? El INE no está siendo imparcial”.
Con esa decisión, el órgano electoral está violando la Constitución y quieren seguir entorpeciendo la consulta. ¿Están ocultando presupuesto para negarle el derecho al pueblo a participar en este ejercicio histórico?
Como tuiteó recientemente Damián Alcázar. “A el INE le dieron dos veces más de dinero para que instalara dos veces más de casillas en la consulta de Revocación de Mandato. Si ya decidió colocar las mismas casillas, entonces que regrese los mil 190 millones por las 100 mil casillas que no instalarán”.
La consulta sobre Revocación de Mandato es una conquista ciudadana, un ejercicio de democracia directa y el INE debe cumplir la ley para que la ciudadanía se exprese tal como lo marca el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato en cuanto a que se debe instalar la misma cantidad de casillas que en la elección federal previa.
Es un deber y un derecho inalienable de cada ciudadano, consagrado en la Constitución; y sin embargo el INE no garantizará la participación ciudadana por instalar un margen reducido de casillas.
El INE quiere que fracase la consulta de revocación de mandato. Busca desincentivar la participación al instalar menos casillas. El INE es un actor político de oposición y no un árbitro electoral.
Tiene una carretada de dinero, no instala las casillas que por ley debe instalar, y encima bloquea la participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero.