Durante los más de tres años que han transcurrido de este sexenio, uno de los temas mas recurrentes en la discusión pública y de los tres poderes de la federación, ha sido la reforma en materia energética. No solo por los actores involucrados y las múltiples concesiones involucradas en la participación del mercado, sino por los distintos sectores que podrían ser afectados en una reforma tan delicada como esta.
En los últimos años, la mayoría en el congreso ha aprobado con mayoría simple reformas a leyes secundarias que han transgredido principios consagrados en la Constitución en materia energética, además de acuerdos y tratados internacionales relevantes en la materia, como lo es el T-MEC. Situación que ha hecho pronunciarse al Poder Judicial al respecto y ha suspendido definitivamente las reformas que en su tránsito a la vigencia han resultado inconstitucionales.
El sector energético resulta de alta relevancia en nuestro país no solo por impactar directamente en la productividad y economía de las familias mexicanas, sino porque también trastoca la inversión extranjera en nuestro país y la procuración del medio ambiente, por mencionar algunas de las aristas de la pretendida reforma.
Aunado a los contratos vigentes que se pretenden cancelar y en su caso compensar según lo que se resuelva en arbitrajes internacionales que menoscabarían a las finanzas públicas de México.
Los legisladores no somos otra cosa más que representantes de la ciudadanía, ocupamos una silla en nombre de miles de electores que nos eligieron para representar sus intereses en el Poder Legislativo. En este asunto, como en muchos otros, es de suma importancia escuchar a todos los sectores involucrados a través de parlamentos abiertos y mesas de diálogos, nadie se debe quedar fuera de esta discusión para poder perfeccionar el marco legislativo en favor de un bien mayor.
El origen de esta reforma es un tanto incierto, en primer lugar, habrá que analizar si la motivación de esta problemática propuesta es efectivamente por el bien de los mexicanos y no solo un capricho más del ejecutivo por deshacer el trabajo de sexenios anteriores. Posteriormente se tiene que escuchar a los actores involucrados para presentar un producto legislativo impecable que pueda ser ejemplo internacional en materia eléctrica.