Siempre que exista la posibilidad de dar mayor participación a la ciudadanía debemos estar a favor, sin embargo, cuando no se entienden los porqués de los procedimientos o procesos de decisión podemos caer en propuestas que caen en lo absurdo en el sentido más técnico de la palabra.
La democracia directa ha dado paso a la democracia representativa por razones de número de pobladores, de especialidad en cierta toma de decisiones y de control que vaya más allá de la popularidad.
Lo que se olvida de una propuesta como esta es la división de poderes desde su concepción más elemental y los alcances en la administración y el equilibro en el ejercicio del poder soberano, ya que no se trata de poner a escrutinio de los votantes, decisiones para las que eligieron representantes populares, en el entendido que la máxima mediación del pueblo en la construcción de política pública es el Congreso de la Unión.
Prácticamente es tomar una decisión derivada de la propuesta de un cuerpo colegiado elegido democráticamente. Electoralmente sería una redundancia. Por otro lado, que no se olvide que la pluralidad de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, legítima a sus integrantes a tomar decisiones que se discuten bajo la premisa de ser quien lleve la voz de un determinado sector de la sociedad.
Esa facultad dada al Poder Legislativo histórica, técnica y operativamente, no es dada a ningún otro poder por no ser un cuerpo colegiado o por no haber sido electo de forma directa.
Las y los legisladores tenemos la obligación de prepararnos en el ejercicio de nuestras funciones para tomar decisiones que requieren de técnica y sensibilidad a las necesidades sociales.
Es por ello que la elección de Consejeros y Magistrados es el resultado de un proceso de evaluación que cada vez es más transparente y que permite tener a los mejores perfiles con base en experiencia, preparación y honestidad, situación que difícilmente ocurrirá con una elección abierta en la que el Presidente pueda proponer a sus cercanos como pasa en nombramientos directos del Ejecutivo.
Hoy hay mayor revisión al trabajo legislativo por parte de la ciudadanía y no podemos desnaturalizar el papel del Congreso como representante del pueblo de México para satisfacer deseos de acallar resoluciones jurisdiccionales o, al menos, tenerlas a modo.