Las autoridades electorales tienen la enorme responsabilidad de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer uno de los más importantes derechos que tenemos como personas que consiste en poder elegir a nuestros gobernantes y que la democracia funcione correctamente. Para ello, la condición fundamental es que quienes tienen esa obligación constitucional y legal se comporten con absoluta imparcialidad, objetividad, profesionalismo y de manera honesta.
Lamentablemente, ha sido costumbre que los nombramientos de los funcionarios del más alto nivel del instituto electoral y de los magistrados se den con criterios partidistas. Es decir con base en cuotas y arreglos cupulares, al margen de las y los ciudadanos.
De esa forma, se han integrado organismos que muchas veces actúan conforme a los intereses de quienes los han designado sin importar que a quienes deben responder es al electorado y con estricto apego a la Ley. Adicionalmente, estos organismos operan a un gran costo con cargo a los contribuyentes.
De ahí que sea necesaria una revisión integral sobre la conformación de los órganos, de sus funciones y de los recursos que reciben. De lo que se trata es de asegurar que quienes están a cargo de ellos lo hagan al margen de los partidos y las organizaciones políticas. En lugar de representar a estos, deben ser auténticamente ciudadanos y ciudadanas sin compromisos previos.
Sin duda, una vía para lograr ese propósito es que los electores sean quienes decidan qué personas serán las responsables de organizar y sancionar los comicios y todas las actuaciones de los partidos, de los políticos y de quienes participan en la vida pública del país.
Lo que está en juego es la fortaleza de la democracia y como se demostró este domingo la ciudadanía demostró que está madura para tomar decisiones y que es la hora de pasar de la representación a la participación directa. Por esas razones puede ser viable que la designación de los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF pueda ser a través de la elección ciudadana.