El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio noticia de que, una vez que se lleve a cabo la revocación de mandato, lo cual ocurrió el 10 de abril pasado, enviará al Congreso de la Unión, una propuesta de reforma para que “el pueblo” elija directamente a magistrados y consejeros electorales, para que se garantice “la democracia en el país y que no haya jueces con actitudes tendenciosas”.
El tema es difícil de aprobar, porque tendríamos que diseñar un mecanismo muy preciso sobre la manera en que se deben proponer a las y los candidatos para ser electos Consejeros y Magistrados electorales y, luego, la forma en que habrían de elegirse, quienes serían los órganos encargados de ello, precisando que, cuando menos, las y los magistrados que integran la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF, son servidores públicos especializados.
El planteamiento de reforma, es digno de analizarse seriamente, por la Cámara de Diputados y nosotros en el Senado de la República; es compleja, primero, porque de acuerdo con los mecanismos de la ONU, tales como la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces deben ser nombrados por su trayectoria, méritos y carrera, no mediante elecciones porque no son representantes populares.
Segundo, porque tendría que cambiarse la cultura de la ciudadanía en la manera en que se eligen estos funcionarios.
Tercero, porque se tendrían que reformar diversos ordenamientos legales, entre ellos, nuestra Constitución Federal que se necesita de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de cada una de dichas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los Congresos Locales, ante lo cual, actores importantes de la oposición han señalado que no coinciden con dicha iniciativa; sin embargo, lo reitero, cualquier reforma que aprobemos tiene que tener, necesariamente, beneficios para las y los mexicanos.