El fallecimiento del joven Ángel Yael Ignacio Rangel merece todo el respeto y sus familiares, amigos y a la comunidad de Guanajuato recibir nuestro pésame. Se trata de un triste incidente que debe aclararse con absoluta transparencia y, en su caso, deslindar la responsabilidad de quien haya participado en el.
En ese sentido, las fiscalías generales de justicia federal y estatal deben realizar una investigación exhaustiva para esclarecer por completo los hechos. De igual manera, es indispensable que el poder judicial actúe de manera expedita y justa con estricto apego a la Ley.
Como lo ha señalado la propia Guardia Nacional todos sus elementos tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la ciudadanía, sin ninguna restricción.
Es lógica la indignación social que por ese acontecimiento está ocurriendo. Pero es necesario hacer un cuidadoso análisis de la situación y comprender que lamentablemente estas cosas suceden por los excesos cometidos por algún miembro de las corporaciones de seguridad. Sin embargo, también debe valorarse de manera integral la actuación de la institución en su conjunto y evitar los prejuicios.
Hasta ahora, la Guardia Nacional, organización de reciente creación, cuenta con el respaldo ciudadano y se ha constituido como un elemento determinante para la recuperación de la paz y la concordia en diversas regiones del país, al tiempo de disuadir la comisión de delitos.
En el futuro próximo, el Congreso de la Unión hará un análisis detallado de la evolución que deberá tener la Guardia Nacional para seguir dando pasos firmes hacia la construcción de un país más seguro, en el que se respeten los derechos humanos y en el que ciudadanía e instituciones actúen conforme a la Ley.
Un hecho aislado puede servir de ejemplo de lo que no deseamos, pero de ninguna forma podemos hacer generalizaciones que poco ayudan a resolver uno de los temas fundamentales como es el de la seguridad.