En las últimas semanas se ha dado noticia de la alta inseguridad (violencia y asaltos) que sufren los transportistas y los automovilistas que circulan en todas las carreteras de nuestro país, provocada por el crimen organizado y que ha cobrado vidas humanas.
Ante tal situación, se han realizado diversos paros en gran parte del territorio mexicano, con la finalidad de que las autoridades correspondientes implementen medidas de seguridad para erradicar o, en su caso, minimizar los hechos delictivos de referencia; destacando que, esta problemática se ha convertido en una preocupación fundamental de la sociedad mexicana, además, dichos hechos afectan directamente a todos los sectores productivos.
De acuerdo con nuestra Constitución General de la República, la seguridad pública es un derecho humano del que gozamos todas las personas y, consecuentemente, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, proteger, promover, respetar y garantizar, mediante la implementación de políticas públicas, acciones, programas y expedición de marcos normativos.
En este sentido, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien tiene competencia para sentar las bases de coordinación en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados y municipios, y de acuerdo con nuestra Carta Magna (artículo 21), en relación con numeral 7 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Destaca la función de formular, impulsar, articular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública, considerando las propuestas de la sociedad civil mediante mecanismos de participación ciudadana, a fin de contribuir al desarrollo y preservación de un entorno de seguridad ciudadana propicio para el desarrollo humano sostenible.
Por lo anterior, es prioritario que las carreteras mexicanas tengan un mayor número de autoridades que prevengan y protejan a los automovilistas y autotransportistas de todo tipo de delitos.