El gobierno de la 4T encabezado por el presidente López Obrador ha fallado en uno de los aspectos torales para la seguridad en el país: que las personas puedan circular libremente y sin temor a sufrir levantones, asaltos e inseguridad en las carreteras federales y en las principales vías de transporte terrestre.
La implementación de la Guardia Nacional ha sido a todas luces una estrategia fallida. A ello se suma a los recientes episodios en Sinaloa en los que personas armadas detuvieron en un retén a medios de comunicación. Ante este preocupante panorama, el Primer Mandatario minimizó los hechos y dijo que solo se “armó un escándalo”.
Lo que verdaderamente es un escándalo es que al jefe del Ejecutivo federal le parezca normal que hombres armados instalen retenes en carreteras de nuestro país, que lo realicen de manera impune y que no haya un control que los detenga.
Con hechos como estos, es evidente que el crimen organizado cuenta con células delictivas en todo el país y que se han apoderado de las principales vías de transporte terrestres impidiendo con ello que los ciudadanos puedan gozar de tranquilidad en sus viajes.
Por ello, resulta indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con instituciones verdaderamente capacitadas implementen una robusta estrategia de seguridad que haga que las carreteras sean espacios de tránsito seguro para todos los ciudadanos.
La inseguridad en las carreteras tiene, además, un impacto negativo en el costo de los productos y servicios que se consumen en México, lo que propicia un golpe a la competitividad y a la confianza de los inversores.
Es un deber ineludible del Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la ley. Implementar un método eficaz para combatir el incremento en la incidencia delictiva e inseguridad en prácticamente todo el país y no maquillarlo con su política de abrazos no balazos, que a todas luces es un rotundo fracaso que pagan a diario los mexicanos.