En los últimos días, diversos actores políticos han hecho señalamientos sobre una supuesta relación entre el titular del ejecutivo federal y el crimen organizado, sugiriendo que el presidente sostiene, consiente y apoya las acciones del crimen organizado en nuestro territorio.
En el presente sexenio se han llevado a cabo acciones y declaraciones atípicas que alimentarían estas teorías, sin embargo, se trataría de una situación muy grave en materia de gobernabilidad.
En la actual administración hemos sido testigos de episodios atípicos -por llamarlos de alguna manera- en donde el presidente de la república ha ordenado la liberación de criminales, se le ha visto convivir con allegados y ha declarado que se busca proteger la integridad de los criminales, todo bajo la ya tan conocida política de “abrazos, no balazos”, hechos que no resultan más que una falta de sensibilidad y de respeto a las familias afectadas por los actos del crimen organizado.
Dichas acciones, entre otras, han alimentado la teoría de un estrecho vínculo entre el gobierno y los criminales en México, lo que supondría una flagrante falta al Estado derecho de acuerdo con lo establecido en nuestra Carta Magna.
De la misma manera, hemos sido testigos crónicos de escenarios en donde el crimen organizado presume la ausencia de un monopolio de la fuerza en nuestro país al evidenciar las carencias de nuestras fuerzas armadas.
Independientemente de haber un vínculo o no entre el gobierno federal o el crimen organizado, es una realidad que la actual estrategia -cualquiera que sea- no está dando frutos, todo lo contrario, el crimen se recrudece en nuestro país y estamos viviendo cifras inéditas de crímenes de alto impacto en todo el territorio nacional.
Después de tres años de una estrategia fallida, las muertes y desapariciones en nuestro país nos dejan cada vez más familias incompletas.
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Acusar al presidente de tener vínculos con el crimen organizado no es una acusación menor, se trata de una afirmación que pondría en duda la gobernabilidad de nuestro país y el presidente sería sujeto de un juicio político que desataría una crisis con múltiples implicaciones en nuestra sociedad.
Resulta imperativo que se actúe contra todo aquel que viole la ley con todo el peso de esta, pero hoy en día este peso parece ser bastante bajo.