En un momento del país en que la violencia se encuentra en casi todos los rincones de nuestra geografía, es de vital importancia que todas las acusaciones que refieran el vínculo de algún servidor o servidora pública con miembros de las bandas del crimen organizado se demuestren.
Ya que en ello no solo se evidenciará a quienes están traicionando el mandato constitucional y la confianza del pueblo, además de asestar un golpe importante la delincuencia organizada que tiene sumido a México en la peor crisis de seguridad de la historia.
Por otro lado, cuando se trata de las más altas esferas del servicio público, la forma es fondo, de ahí que existan cuestionamiento respecto a la insistencia de visitar una sola región varias veces durante un mandato y no acudir a otras que requieren más atención por problemas económicos, de pobreza, de inseguridad y demás temas que se le han complicado seriamente a la administración actual.
Una acusación como la que se vertió a través de entrevistas por dos actores políticos diferentes nos deja al menos la duda de que algo debe haber detrás, sin embargo, ello no basta para hacer un juicio sumario, ya que el principio de legalidad nos obliga a respetar la presunción de inocencia y evitar suspicacias.
Más grave son las declaraciones que protegen delincuentes o que se les permite poner al mismo nivel que las víctimas. Sí acaso, en todo este inconveniente entre acciones y declaraciones, lo que se mancha sin duda alguna es la investidura presidencial, la obligación de esa persona que fue elegida por el voto popular, de velar por los intereses de la nación, de los más necesitados y de quienes viven en carne propia la muerte o la desaparición de una persona querida sin que los resultados lleguen.
En conclusión, esas acusaciones no han demostrado tener sustento alguno más allá de una simple percepción, sin embargo, esperemos que por el bien del país pronto se tomen acciones para erradicar los altos índices de violencia que tienen a nuestro querido México como rehén de grupos criminales.