De las noticias que más impactaron en la opinión pública la semana pasada, sin duda, fueron las manifestaciones vertidas, primero, por el excandidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa, en una entrevista realizada por la periodista Carmen Aristegui, en el sentido de que el gobierno del actual del presidente de la República favorece a grupos criminales ligados al Cártel de Sinaloa.
Segundo, del exdiputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, en cuanto que el contubernio o alianza con el narco de la presente administración no es heredable “porque se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente”, así como que existe una intervención “despiadada” del narcotráfico en las elecciones de nuestro país.
A mi consideración, tales afirmaciones no tienen sentido alguno, se tratan de señalamientos “irresponsables y fuera de lugar”, que no cuentan con el sustento probatorio que, en todo caso, debería tenerse y exhibirse ante la autoridad competente, por el contrario, se trata de “campañas políticas” con la finalidad de desprestigiar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Es importante destacar que la investidura del Presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador, goza de honorabilidad y reconocimiento a su capacidad y competencias constitucionales, las cuales han sido ejercidas de manera puntual.
No omito señalar que, si bien es cierto que la política del Titular de la Ejecutivo Federal es la de “abrazos, no balazos”, también es verdad que dicha circunstancia por sí misma, no evidencia que la presente administración tenga relación o contubernio con el narcotráfico y con el crimen organizado, tampoco se ha demostrado que éstos tengan injerencia en los procesos electorales; como lo dije, son acusaciones que no han sido probadas y, sinceramente, estimo que no serán acreditadas, por ser total y absolutamente falsas.