El pasado 7 de junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó un riesgo agudo de crisis alimentaria en América Latina, secuela no sólo de la pandemia del Covid-19, sino de la guerra entre Rusia y Ucrania que incide en el incremento del petróleo y gas natural como medios de producción y, por ende, en un alza generalizada de precios por una inflación del 9%.
Para la gran mayoría de los mexicanos de a pie esto podría suponer un escenario muy lejano, sin embargo, sí debemos preguntarnos ¿qué medidas asume el gobierno federal o el Congreso de la Unión para paliar estos efectos?
En este espacio escribí hace un mes que la tasa anual de inflación en México se situó en 7.68% en abril, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), su mayor nivel desde hace dos décadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Para fines prácticos podemos decir que las y los mexicanos ya resienten en sus bolsillos el incremento de precios, mientras que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado por el gobierno federal, será momentáneamente positivo en el complejo entorno inflacionario. Se ha reaccionado también con eliminar aranceles, representando ello menor ingreso al erario público en búsqueda de soluciones inmediatas, como la inversión y medidas de seguridad para los productores mexicanos.
Por otro lado, hay 14 millones de personas que ganan un salario de $1,210.09, el mínimo en el país, lo que resulta insuficiente para la canasta básica. Según el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Económica (CONEVAL), con datos del mismo INEGI, al mes de febrero de este año, las líneas de pobreza por ingresos, ascienden a lo siguiente:
Línea de pobreza extrema por ingresos en canasta alimentaria rural y urbana, respectivamente: $1,496.32 y $1,950.26, mientras que la línea de Pobreza por Ingresos alimentaria, más no alimentaria, se sitúa en $2,837.57 y $3,997.24. Todo lo anterior en valores mensuales por persona a precios corrientes.
Es decir que, según el CONEVAL, el porcentaje de salario mínimo ya es insuficiente para adquirir alimentos básicos para cada persona, es decir, sin siquiera contar a las familias, considerando también que la pobreza laboral se encuentra en 38.8% y todo indica que su recuperación continuará siendo lenta.
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La falta de apoyos frente a la pandemia brilló por su ausencia en esta administración y ante esta crisis recrudecida por la guerra, resulta viable el tomar medidas que realmente sí representan políticas de izquierda, como el Ingreso Básico Universal (IBU) o salario solidario (como prefieran llamarle), propuesto por diversos legisladores desde el 2020 por $3 mil 207 pesos, para trabajadores formales e informales. Lo anterior sí alcanza y garantizaría su diario sustenta.
Incluso, a los legisladores de la 4T no les interesó la iniciativa de Ley de Emergencia Económica, que incluía el IBU, ello en lo más álgido de la pandemia. Esperemos que ahora sí, ante estas advertencias de la OCDE, realmente se recapacite sobre estos peligros que acechan a la gente de a pie y que pudieran contrarrestarse precisamente con políticas de izquierda, en un esquema de reglas claras de operación y, por supuesto, transparencia.
Medidas, como el IBU, no se tratan ocurrencias o programas de improviso, puesto que quienes se ven favorecidos son meramente las y los mexicanos. Es incluso una medida recomendada por el Fondo Monetario Internacional y que ya han adoptado países como Canadá, Estados Unidos y Paraguay. Urge empujarlo para apoyar a las familias mexicanas. Los partidos de la oposición lo tienen más que claro, se trata de una unión de esfuerzos que trasciende ideologías y que busca la paz y seguridad.